Se trata de la Operación Coral 5G, llevada a cabo la víspera cuando las autoridades efectuaron 49 allanamientos en las provincias de Santo Domingo, La Vega y Santiago y detuvieron a los generales Juan Carlos Torres, Julio de los Santos Viola, y Boanerges Reyes, entre otros militares.
Este caso es una ramificación de uno anterior llamado Operación Coral, en la cual la Fiscalía llevó a los tribunales a cinco personas, encabezadas por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial.
Según la Procuraduría General la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos cuatro mil 500 millones de pesos (80 millones de dólares) en propiedades y productos financieros.
Asimismo, hasta el momento le fueron ocupadas unas 125 propiedades y es de esperar que a los último imputados se les imponga la prisión preventiva como medida de coerción, así como la declaración del caso como complejo.
A este grupo de acusados le imputan delitos como incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Además, el Ministerio Público estableció que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
El Coral 5G, empezó pero habrá que esperar avance y nada debe sorprender dado el nivel de corrupción arrojado por este entramado desde el descubrimiento de su versión inicial.
Ahora los tribunales tendrán que decidir en siete procesos pendientes con la mayor celeridad posible pues el Ministerio Público tiene una gran cantidad de investigaciones por llevar a su final.
Descontando los casos Coral están pendientes el Antipulpo, que salió a la luz a finales del pasado año, el cual tiene implicados a 10 funcionarios vinculados a la gestión gubernamental del expresidente Danilo Medina, y son acusados de formar una presunta red en detrimento del Estado por sumas millonarias.
En este proceso el Ministerio Público señaló a Juan Alexis Medina, hermano del expresidente, como líder de la red; y en él también figura como imputada su hermana Carmen Medina.
Igualmente la Operación 13 que estalló el pasado mes de junio al ser descubierto uno de los mayores escándalos conocidos en la presente gestión, un fraude por más de 150 millones de pesos (2,7 millones de dólares) orquestado en un sorteo de la Lotería Nacional.
También el proceso denominado Medusa, en el cual el principal implicado es el ex procurador general, Jean Alain Rodríguez, señalado como “cabecilla” de un supuesto entramado de corrupción que operaba en esa institución mientras fungió como su titular.
Dentro de las principales acusaciones en contra del exfuncionario está el desvío de millonarias cifras del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
No se queda detrás el caso Falcón, conocido en septiembre, una red de narcotráfico la cual en estos momentos tiene 21 implicados en prisión provisional a la espera que concluyan las investigaciones y lleven a cabo el juicio correspondiente, teniendo como adición la existencia de legisladores involucrados.
Y finalmente la Operación Larva puesta en marcha el pasado 27 de octubre, en la cual los implicados están directamente vinculados a una estructura criminal dedicada al narcotráfico, con operaciones que datan de 2019.
Sin dudas, se mueven resortes encaminados a luchar contra la corrupción y la impunidad llevados a cabo por el Ministerio Público encabezado por la procuradora general, Miriam Germán, pero la sociedad desea ver agilidad y sobre todo resultados, dos cosas que adolece el sistema de justicia dominicano.
Pero algo deben hacer pues, son tantos los procesos pendientes y los por llegar, que o los agilizan o la impunidad ocupará sus tradicionales espacios.
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