Según la acusación, hasta ahora el TPLF (siglas en inglés) dañó al menos mil 600 centros escolares donde están matriculados alumnos del primero al sexto grado y destruyó completamente otros 300, “aunque estas cifras crecen con la criminalidad del grupo”.
Cuatro universidades en Tigray y la Universidad de Woldiya en Amhara debieron cerrar “debido a las atrocidades cometidas por la organización terrorista, y los estudiantes y profesores de estas instituciones fueron trasladados a otras academias”, señaló un comunicado del Ministerio.
Añadió, asimismo, que es necesario “terminar la guerra y destruir las fuerzas del Frente de Tigray en un corto período de tiempo para centrarse en los esfuerzos de desarrollo de la educación”, afectada anteriormente por el impacto de la Covid-19.
Una vez restituida la paz en el norte del país, trabajaremos mejor para restaurar cuanto antes las escuelas destruidas, con el propósito de devolver al proceso de aprendizaje a millones de alumnos y garantizarles empleo a miles de profesores, señaló.
Recientemente, el gobierno etíope declaró que el TPLF incluyó al sistema educacional dentro de su campaña mediática para desmantelar la nación y provocó el cierre de “siete escuelas comunitarias y 19 centros educacionales internacionales al divulgar información falsa” acerca de supuesta inseguridad en la capital.
Desde noviembre de 2020, el ejército federal sostiene una guerra contra el Frente, declarado terrorista por el Parlamento y acusado de violar los derechos humanos y cometer otros delitos en las regiones de Tigray, Afar y Amhara, principalmente.
En junio último, las autoridades federales decretaron un armisticio, pero el grupo lo desestimó y aumentó sus operaciones, principalmente contra civiles e instituciones públicas, incluidas escuelas, clínicas y sanatorios, de acuerdo con denuncias oficiales.
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