Como parte del estado de emergencia nacional decretado el pasado 2 de noviembre, las autoridades federales instaron a legalizar pistolas, fusiles y escopetas, y a la vez las fuerzas de seguridad iniciaron registros para confiscar las que no tienen matrícula.
Hasta ahora, de acuerdo con el Comando del Estado de Emergencia, el registro de armas transcurrió sin contratiempos mayores, pero hubo reclamo popular para extender el tiempo disponible para ello.
Además de la solicitud del pueblo, tuvimos en cuenta que la directiva anterior no incluía a las comunidades de las áreas rurales y consideramos necesario adicionar más días, informó la entidad estatal en un comunicado.
Esta directiva no incluye a quienes apoyan la ofensiva del ejército contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) en el norte del país, subrayó el Comando, y elogió al pueblo por contribuir al éxito del registro de armas.
Nuestro propósito, señaló, es limitar las posibilidades de financiar y armar a grupos violentos, como parte de la coordinación nacional para evitar la propagación de la guerra provocada por el TPLF y proteger a la población.
La ausencia de suficiente tecnología para buscar armas ilegales es un desafío para Etiopía, que enfrenta intentos de tráfico destinados a promover negocios ilícitos y, también, avivar conflictos para desviar al gobierno de las reformas en curso, según denuncias oficiales.
Durante uno de muchos registros el último mes, a finales de noviembre la policía incautó 113 armas escondidas en varias instituciones capitalinas, incluidos 55 rifles AK-47, más 19 granadas y 138 cartuchos de munición, además de 64 mil 200 dólares.
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