Según una denuncia del ministerio de Salud, en Dessie el grupo vandalizó, arruinó y puso fuera de servicio el Hospital Integral Especializado, y en Kombolcha saqueó el Hospital General, con 200 camas e inaugurado recientemente.
Únicamente en esas ciudades, arruinó una sucursal de suministros farmacéuticos y robó reservas de medicamentos, más otros suministros, que afectaron de manera directa a más de 450 mil ciudadanos en Dessie, y a los pacientes de 27 hospitales y 303 centros de salud en Kombolcha.
Durante una conferencia de prensa, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Dina Mufti, declaró que “todos los actos destructivos perpetrados por la organización terrorista, la OMS los debe condenar de manera explícita y enérgica”.
También reprobó el “sorprendente silencio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, luego de los daños causados por el grupo a las Iglesias de Lalibela”, declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1978.
Mufti, además, aseguró que “la invasión terrorista del TPLF en Afar y Amhara provocó el desplazamiento de un millón 800 mil personas y dejó a ocho millones 300 mil en situación de inseguridad alimentaria”.
Más de mil camiones, explicó, “ingresaron en el estado de Tigray con ayuda humanitaria, pero aún no han regresado, y más de 203 adicionales, que transportaban artículos a la región desde el 23 de noviembre pasado, enfrentaron la misma suerte”.
Los grandes medios de comunicación no reflejan estos hechos, tampoco la comunidad internacional le pide cuentas o presiona al Frente de Tigray. Y ante esa realidad muchas organizaciones regionales y globales mantienen una actitud pasiva, comentó.
Prácticamente desde el estallido de la guerra del gobierno contra el TPLF, en noviembre de 2020, las autoridades federales desaprueban la cobertura mediática internacional, porque la consideran encauzada a responder los intereses de los insurgentes.
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