En una entrevista publicada en The Hill, Schmidt aseguró que el mandatario demócrata pudo establecer un proceso ordenado en la frontera y ampliar los programas de refugiados en los posibles países de origen, pero no lo hizo.
Prefirió en su lugar utilizar versiones modificadas de «programas de disuasión de eficacia probada», aclaró, aplicadas durante la era de Donald Trump (2017-2021) y por burócratas insensibles a los derechos, las necesidades y las múltiples motivaciones de los solicitantes de asilo.
Los problemas que describe Schmidt no se limitan a la frontera y al tratamiento de los solicitantes de asilo, sino que se reflejan en otras medidas de inmigración del gobierno federal.
El programa de refugiados de Biden elevó el límite de admisión de migrantes para el 2021 de 15 mil a 62 mil 500, pero solo consiguió admitir a 11 mil 411 personas al final del año fiscal, la cifra más baja de la historia del país.
Una de las promesas de campaña del gobernante fue lanzar una orden ejecutiva a inicios de su mandato que suspendiera las deportaciones, al menos por 100 días.
Sin embargo, un juez federal bloqueó la moratoria al considerar que la administración no ofreció una justificación concreta y razonable para establecer una pausa como esa.
Por otro lado, cuando Biden asumió el cargo, el tribunal de inmigración tenía un retraso de más de 1,29 millones de casos, pero a finales de noviembre de 2021, esa cifra alcanzó 1,56 millones de procesos, y la espera media para una audiencia es de 905 días.
De acuerdo con cifras oficiales, más del 40 por ciento de las solicitudes de asilo presentadas desde octubre de 2000 siguen pendientes.
Al llegar al poder, el presidente eliminó una política de la era Trump conocida como Quédate en México, que obliga a los migrantes aguardar en el norte de ese país vecino por una audiencia que defina sus estatus migratorios.
Pero un tribunal federal también bloqueó la decisión al considerarla una movida política ilegal. Desde entonces –dijo Schmidt- Biden introdujo cambios en el programa para hacerlo más seguro y garantizar la protección de los derechos de los extranjeros implicados, aunque los esfuerzos son aún insuficientes.
El actual ocupante del Despacho Oval continúa aplicando, además, la política trumpista conocida como Título 42, a pesar de la oposición de muchos demócratas y defensores de los derechos de los inmigrantes.
Ese programa permite la expulsión acelerada de los indocumentados, bajo el pretexto de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, y es el responsable del 54 por ciento de las que ocurrieron en Estados Unidos durante 2021.
Los migrantes que son expulsados bajo esa política no enfrentan consecuencias legales, lo que los anima a intentar regresar a Estados Unidos desde la frontera sur.
En lugar de tomar medidas inmediatas para poner fin a esta crisis, Biden pretende persuadir a México y a los países centroamericanos para que aborden las causas fundamentales que empujan a la gente a huir de sus hogares, explicó Schmidt, y refirió que esa actitud no logrará el cambio.
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