Estamos centrados en la reducción de los detenidos y el eventual cierre de la instalación, afirmó en rueda prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al referirse al sitio que ocupan los estadounidenses en contra de la voluntad del pueblo y gobierno cubanos.
El funcionario señaló que buscan países adecuados para la transferencia de los 39 prisioneros que se encuentran en el centro creado en 2002 por la administración de George W. Bush, la mayoría de ellos sin cargos.
A pesar de las manifestaciones públicas de las autoridades sobre el interés por cerrar la prisión, el diario The New York Times reveló recientemente que el Pentágono construye allí una nueva sala secreta para realizar juicios por crímenes de guerra.
De acuerdo con el medio, el costo de la obra es de cuatro millones de dólares dedicados a edificar un espacio sin galería, para que los periodistas y otros miembros del público no puedan presenciar los procedimientos.
La organización Witness Against Torture (Testigo contra la tortura) planea realizar un mitin frente a la Casa Blanca el venidero martes 11 de enero para conmemorar el vigésimo aniversario del que se convirtió, según denuncias, en un centro de castigos excesivos desde su apertura.
Para Cuba, el enclave militar estadounidense está ubicado de manera ilegal hace más de un siglo en un área de 117,6 kilómetros cuadrados pertenecientes al territorio más oriental de esa isla caribeña.
jha/avr
