Si bien el gobierno norteamericano afirma estar comprometido con el cierre de ese centro penitenciario, no contempla medidas concretas destinadas a clausurar para siempre ese espacio donde permanecen 39 prisioneros, muchos de ellos sin cargos.
La víspera, el portavoz del Pentágono, John Kirby, manifestó en una rueda de prensa que la administración del presidente Joe Biden está decidida a cerrar la prisión y afirmó que están revisando cómo proceder, pero no vaticinó pasos concretos ni plazos estimados.
Partidarios de la clausura de ese sitio, criticado por las torturas y arbitrariedades allí cometidas, se mostraron optimistas cuando asumió el cargo en enero de 2021 el mandatario demócrata, que prometió trabajar en función del cierre de la instalación de castigos, y luego, en julio pasado, liberó a uno de los prisioneros.
Sin embargo, poco más ha hecho con vistas a un posible fin de la tristemente célebre cárcel, a donde llegaron el 11 de enero de 2002 los primeros detenidos por orden del entonces presidente George W. Bush (2001-2009) tras la invasión a Afganistán luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Más tarde, el mandatario demócrata Barack Obama (2009-2017) quiso reducir la cantidad de reos y trasladarlos a otros centros de detención en el propio territorio estadounidense, pero el Congreso bloqueó esos esfuerzos con diversos pretextos, y finalmente fueron enviados a otros países.
Mientras el republicano Donald Trump (2017-2021) se mantuvo al frente de la Casa Blanca prácticamente todo permaneció igual, excepto el traslado de un detenido fuera de ese enclave militar.
La organización Witness Against Torture (Testigo contra la tortura) planea realizar hoy un mitin frente a la Casa Blanca para conmemorar el vigésimo aniversario del que, según las denuncias, se mantiene como un centro de castigos excesivos.
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidos subrayaron este lunes que de unas 700 personas detenidas ahí en los últimos 20 años, solamente nueve han sido acusadas o condenadas por crímenes y nueve murieron tras las rejas de esa prisión, siete de ellas por suicidio y sin acusaciones formales.
Según la ONU, existe allí una población carcelaria enferma y envejecida que ha sufrido atropellos durante un largo período de tiempo, con falta de asistencia médica adecuada y sin tratamiento de rehabilitación por tortura al que obliga el derecho internacional.
Actualmente, a pesar de las manifestaciones públicas de las autoridades sobre el supuesto interés por cerrar la prisión, el diario The New York Times reveló la semana pasada que el Pentágono construye allí una nueva sala secreta para realizar juicios por crímenes de guerra.
De acuerdo con el medio, el costo de la obra es de cuatro millones de dólares dedicados a edificar un espacio sin galería, para que los periodistas y otros miembros del público no puedan presenciar los procedimientos.
Guantánamo es foco de la indignación internacional y medios de prensa estadounidenses citan a Michael Lehnert, general de división del Cuerpo de Marines ahora retirado, que estuvo a cargo de abrir el centro de detención, quien hace años consideró que retener sin cargos a prisioneros era contrario a los valores e intereses de su país.
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