La acción está vinculada a que una empleada adscrita a su oficina, Janise Santiago Ramos, estaba realizando funciones duales como empleada de la Cámara de Representantes y directora de un colegio educativo privado.
Explicó que corresponderá a la Comisión de Ética del propio cuerpo legislativo determinar las posibles sanciones en contra de Burgos, ya que la empleada renunció a sus funciones en la oficina legislativa.
“Reconozco que este evento ha lacerado la confianza del pueblo en el ente más representativo del esquema constitucional puertorriqueño”, expresó Hernández, del Partido Popular Democrático, que junto al anexionista Partido Nuevo Progresista se ha alternado el control del gobierno por medio siglo.
Aclaró, no obstante, que en este caso la prueba examinada refleja que el proceder de Santiago Ramos rebasó el clásico umbral del conflicto potencial, para dar paso a la constitución de una circunstancia en la que, en efecto, hubo conflictos reñidos.
Hernández, quien está en España después de asistir a la Feria Internacional de Turismo y no poder regresar en la fecha prevista al dar positivo a Covid-19, anticipó que tan pronto arribe a Puerto Rico referirá el asunto a la Comisión de Ética, acompañado del informe preparado por la Oficina de Capital Humano, para que se configure una queja.
El caso de la diputada Burgos es el segundo que surge de uno de los partidos emergentes, ya que anteriormente se refirió a la justicia a Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana.
acl/nrm
