En una votación de 8-1, el tribunal sostuvo que el Congreso no infringió la Constitución al dejar fuera a los puertorriqueños del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), un pago mensual en efectivo para personas mayores, ciegas o discapacitadas de bajos ingresos.
Solamente la jueza Sonia Sotomayor, considerada la más liberal de la corte, estuvo en contra de la medida, aunque la mayoría respaldó el argumento de la administración del presidente Joe Biden de que Puerto Rico podía ser excluido porque sus habitantes están exentos de la mayoría de los impuestos federales.
Para Sotomayor no existe una base racional para que el Congreso trate a los ciudadanos necesitados de cualquier parte de Estados Unidos de manera diferente. “Es irracional y antiético”, sostuvo la magistrada.
El caso llegó a la máxima instancia judicial cuando el puertorriqueño José Luis Vaello Madero, quien recibió beneficios del SSI mientras vivió en Nueva York y siguió haciéndolo luego de su mudada a Puerto Rico, dejó de recibir el pago cuando el gobierno federal supo de su cambio de residencia y lo demandó.
Desde la nación boricua afirman que ese fallo confirma que la relación entre Washington y la isla caribeña, que figura como Estado Libre Asociado, es desigual, injusta, y, ante todo, colonial.
El gobernador puertorriqueño, Pedro Pierluisi, atribuyó precisamente a la condición colonial del territorio la sentencia en contra de extender a Puerto Rico beneficios del SSI y la calificó de “discriminatoria”.
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