De acuerdo con la publicación Político, el juez del tribunal de distrito de Luisiana, cambió los planes de la administración del presidente Joe Biden en torno a la política de deportación de la era de Donald Trump (2017-2021), que permite la expulsión acelerada de inmigrantes en la frontera sur por cuestiones de salud.
La Casa Blanca había comenzado a preparar una defensa agresiva en torno a su plan para levantar la medida, tras muchos meses de presiones por parte de los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes la califican como xenófoba e injusta.
Según el medio estadounidense, tanto los partidarios de Biden como los republicanos critican la falta de la estrategia de la administración para manejar un probable aumento de migrantes en la frontera.
Este martes, se espera que los funcionarios de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca dialoguen con los jefes de personal del Senado y los directores de personal acerca del Título 42.
Durante toda esta semana, también se espera una batalla campal en el Capitolio debido a esa política fronteriza.
Mientras los líderes de los partidos están ansiosos por abordar objetivos políticos como la financiación de la Covid-19 solicitada por el gobierno, se toparán con las objeciones de los republicanos por la disputa sobre la inmigración.
Los miembros del partido que se identifica con el color rojo (R) prometieron no aprobar la solicitud de presupuesto de la Casa Blanca para asistir la crisis provocada por la pandemia si el gobierno federal no se compromete a mantener la política de la era de Trump.
Esta polémica ocurre mientras muchos demócratas temen que la aprobación de Biden no haga más que empeorar una vez que la orden sea revocada en su totalidad, en medio de sus cifras más bajas de popularidad desde su llegada al poder en enero del 2021.
A pesar de haber prometido durante su campaña que eliminaría la política, el gobernante demócrata ha mantenido el Título 42 en vigor desde que asumió el cargo.
Tras declarar que la pandemia ya no requería su aplicación, los Centros de Control de Enfermedades anunciaron a principios de este mes que detendrían la política, que se ha utilizado para expulsar a más de un millón de migrantes desde marzo del 2020, momento en que entró en vigor.
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