En exclusiva a la sección Escáner explicó que “se trata de un problema que en su proceso de gestación y despliegue en el país ha trascendido la dimensión estrictamente económica para entronizarse en el conjunto de la formación socioeconómica: en el Estado y toda su institucionalidad, en el régimen político, en el sistema político y de representación, en la cultura y la vida cotidiana.”
Desde luego, en el proceso económico mismo, convirtiéndose en ese caso en una de las fuentes de acumulación de riqueza, la cual, además de tener una dinámica autónoma, también exhibe formas de articulación con la “economía legal” por efecto de las diferentes modalidades del “lavado de activos”, subrayó Estrada.
El también economista puntualizó que, aunque es imposible la cuantificación del narcotráfico, estimaciones hecho indican que el componente colombiano de ese negocio puede alcanzar en el presente una relación de equivalencia con el producto interno bruto que supera con creces el cuatro por ciento, es decir, más de 10 mil millones de dólares al año.
“Visto de conjunto, se puede afirmar que con el narcotráfico se está frente a un fenómeno que ha devenido en atributo de orden social existente, dotándolo de rasgos que bien pueden caracterizarse como criminales y mafiosos”, aseguró Estrada quien es integrante de la agrupación política Voces de Paz y Reconciliación.
GUERRA CONTRA LAS DROGAS
Señaló que esa perspectiva de análisis supera los enfoques predominantes en agencias gubernamentales y de los Estados Unidos que inspirándose en el concepto de la “guerra contra las drogas”, lo han reducido a un problema de cultivos de “uso ilícito”.
Asimismo, lo centran de esa manera en una guerra contra los cultivadores de la hoja de coca, en su mayoría población pobre que habita territorios campesinos, indígenas o afrodescendientes.
“De esa manera, tal guerra ha sido reducida a los eslabones más débiles de la cadena de ese negocio corporativo, sirviendo de justificación para políticas estatales de represión y de “disciplinamiento social violento”, que tienen como soporte la estigmatización y la criminalización de los pobres”, sentenció el académico de Universidad Nacional.
En opinión del destacado docente, en el caso colombiano debe decirse adicionalmente que el concepto de “guerra contra las drogas” ha sido útil para desvirtuar la naturaleza socioeconómica y política del alzamiento armado contra el Estado.
Asimismo, para sustentar la presunta degeneración de las guerrillas en empresas criminales dedicadas a la captura de rentas del narcotráfico, acotó.
“En realidad, tras esa guerra, se perfeccionó la política contrainsurgente de las últimas décadas y se justificó el intervencionismo de los Estados Unidos en el país”, fundamentó Estrada a Escáner.
Recordó que el Plan Colombia y la llamada Iniciativa Regional Andina fueron en el inicio de este siglo ejemplos más que ilustrativos de una política que, anunciando combatir las drogas, en realidad pretendía como uno de sus principales propósitos el fortalecimiento de la estrategia geopolítica de la potencia imperial.
Todo ello en el contexto de los cambios políticos que se vivían en esos años en la región por efecto de la llegada a la posición de gobierno de proyectos políticos progresistas y nacional-populares.
“El concepto de la ‘guerra contra las drogas’ persiste de manera renovada y actualizada en el presente, aseveró.
Para Estrada, Colombia sigue siendo el principal país referente y de seguidismo irrestricto a las políticas estadounidenses en esa materia; se muestra como baluarte de una política que reduce el problema de la seguridad a un problema de narcotráfico y que se exhibe como punta de lanza contra ese negocio en la región.
“Aunque el país es el principal productor de cocaína del mundo, la narrativa del actual gobierno de derecha extrema, encabezado por el presidente Iván Duque, habla de la narcodictadura en Venezuela y defiende una cruzada contra el gobierno de Nicolás Maduro”.
Se trata de un accionar valiente contra el narcotráfico transnacional que estaría presuntamente enquistado en ese país. Paradoja y cinismo al mismo tiempo, ironizó el académico.
ACUERDO DE PAZ Y EL PUNTO SOBRE DROGAS
El Acuerdo de Paz suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano, representado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) es contentivo, en su punto cuatro “Solución al problema de las drogas ilícitas”, de diseños de avanzada para enfrentar integralmente el narcotráfico.
Sin embargo, las disposiciones allí contenidas no han tenido los desarrollos esperados, alertó.
“Tal y como ha ocurrido con el conjunto del Acuerdo, la retórica del gobierno actual no logra encubrir que los propósitos más gruesos de lo pactado en La Habana no se han cumplido y en lo esencial se encuentran pospuestos, en parte a la espera de condiciones políticas favorables”, señaló.
En el caso del punto cuatro, el gobierno de Duque optó por el retorno al “guerra contra las drogas”, antes que darle continuidad a los avances tímidos que había mostrado la política de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en la fase más temprana de la implementación.
La sustitución buscaba -con la puesta en marcha de planes de desarrollo alternativo- enfrentar la naturaleza esencialmente socioeconómica de tales cultivos, favoreciendo a más de 100 mil familias cultivadoras y a una población pobre que supera las 600 mil personas, inmersa en esa precaria actividad económica.
Poco o nada del abordaje del consumo de drogas como un problema de salud pública, comentó Estrada.
Menos aún de lo más sustantivo que es la confrontación contra el negocio corporativo en donde se encuentra la mayor rentabilidad que es en el complejo entramado de la producción de cocaína (incluidos los llamados precursores), en la circulación de la droga, y en los tentáculos que conducen al “lavado de activos”.
Estos últimos no son otros que los de su inserción en actividades productivas, en la compra de tierras y nichos del negocio agrícola y ganadero, en el comercio suntuario, en la construcción y el negocio inmobiliario, en la hotelería, el turismo y las industrias del entretenimiento, y las extensiones diversas hacia la actividad financiera y el capitalismo global, entre otros, puntualizó.
En criterio de Estrada, la dimensión estructural del problema del narcotráfico, perfectamente definida en el Acuerdo de paz, no ha sufrido afectaciones significativas, más allá de lo que aflora en la superficie de la sociedad y en la noticia hecha espectáculo.
En tal sentido se refiere a las imágenes propagadas por el gobierno como son las destrucciones de laboratorios de cocaína, incautaciones de droga, “neutralización” de capos del narcotráfico y extradiciones.
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