El dictamen del alto tribunal, que deja a los estados la potestad para decidir si prohibirlo o no, fue aprobado por el voto de seis jueces conservadores contra tres liberales.
Se espera que aproximadamente una veintena de estados conservadores introduzcan nuevas restricciones al respecto, declararon fuentes judiciales al periódico The New York Times.
Las llamadas “leyes de activación automática” entran en vigor a partir de este momento en 13 de ellos, donde se les prohíbe a las mujeres interrumpir su embarazo si así lo desean.
Esta sentencia invalida un veredicto que se puso en vigor hace casi 50 años, y en mayo ya se presumía que podría ocurrir tras filtrarse un documento con la decisión de los jueces.
La mayoría conservadora del Supremo defendió en su decreto «que la Constitución no confiere el derecho al aborto» y que «la facultad de regular el aborto debe ser devuelta al pueblo y a sus representantes electos».
Gobernadores demócratas de varios estados, entre ellos California, Nuevo México y Michigan, anunciaron planes para proteger el derecho a la interrupción de embarazos tras la derogación.
La actual postura del poder judicial contrasta con la opinión de aproximadamente el 70 por ciento de los adultos estadounidenses, para quienes la decisión de abortar debe dejarse en manos de la mujer embarazada y de su médico, reveló una encuesta de ABC News/Washington Post.
En los últimos años, fuerzas conservadoras de diferentes estados alentaron la adopción de leyes contra el aborto con el fin de que el tema llegara al máximo tribunal del país y se procediera a la eliminación de Roe vs Wade.
Numerosas organizaciones civiles advierten sobre los peligros de esta decisión para la salud reproductiva de las mujeres, fundamentalmente, en grupos vulnerables.
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