Con la incorporación de las nuevas centrales, incluida la Kashiwazaki-Kariwa operada por la Compañía Eléctrica de Tokio, serían 17 las unidades que tributarían a la matriz energética nacional, certificadas por la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA) del país asiático.
Pese al visto bueno de la NRA, hasta la fecha solo 10 reactores recibieron la necesaria aprobación de las respectivas localidades donde se encuentran emplazados.
En una reunión del gabinete, presidida por el primer ministro, Fumio Kishida, el METI informó que estudiarían ampliar el periodo de funcionamiento de las centrales nucleares, fijado en cuatro décadas.
Asimismo, el gobierno valora la construcción de nuevas instalaciones atómicas de última generación y la modernización de reactores, en aras de lograr que la generación de este tipo de energía represente del 20 al 22 por ciento del suministro para 2030.
El reciente anuncio implica un cambio en la política estatal que rechazaba las nuevas expansiones por motivos de seguridad, a raíz del desastre nuclear de 2011 provocado por el impacto del Gran Terremoto y Tsunami del Este de Japón en la central Fukushima I.
La administración de Kishida concibe la energía atómica como una fuente necesaria desde el punto de vista del suministro estable, la eficiencia económica y la descarbonización, que adquiere un valor mayor frente a la elevada cotización de los combustibles fósiles en el mercado internacional.
De acuerdo con el METI, la operación de una central nuclear reduciría el uso de gas natural licuado en alrededor de un millón de toneladas, por lo cual el rendimiento conjunto de los 17 reactores previstos para el próximo año evitaría la fuga de aproximadamente 1,6 billones de yenes (11,7 millones de dólares) del presupuesto fiscal.
oda/lcp
