De acuerdo con el reporte, el gobierno federal no contó al menos 990 incidentes solo en el año fiscal 2021, lo que revela el fracaso en la implementación de la Ley de Reporte de Muerte bajo Custodia (DCRA).
El presidente del subcomité, el senador Jon Ossoff, refirió en un comunicado que había vacíos impactantes a largo plazo en la supervisión federal de la legislación.
“El hecho de que el DOJ no haya implementado la norma privó al Congreso y al público estadounidense de información sobre quién está muriendo bajo custodia y por qué”, apuntó el informe citado por la cadena de noticias NBC News.
Acorde con la fuente, parte del problema es que, de 2001 a 2019, la Oficina de Estadísticas de Justicia analizó los datos recopilados, pero que luego esa responsabilidad se transfirió a la Oficina de Asistencia Judicial.
Un informe del Inspector General del DOJ de 2018 advirtió que deficiencias en la metodología empleada por esta última instancia “podría no proporcionar la calidad de la información necesaria sobre las muertes bajo custodia para lograr la intención de la ley”.
A propósito de la noticia, la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola de Nueva Orleans Andrea Armstrong apuntó que la situación demanda acciones urgentes por cuanto un número significativo de muertes involucran a personas detenidas antes del juicio y aún no condenadas.
Según los datos más recientes, cuatro mil 234 personas fallecieron en prisiones estatales y federales en 2019, un 6,6 por ciento menos que en 2018.
El DOJ, no obstante, abundó que los 143 homicidios en cárceles estatales en 2019 constituyeron la mayor cantidad desde que comenzaron los registros en 2000.
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