Pero no solo es un asunto a debate entre los detractores. Los partidarios del socialismo aseguran que la nación caribeña tiene un modelo de democracia genuino y más efectivo que el de muchos otros países, aunque al mismo tiempo consideran imprescindible perfeccionarlo.
La vía para conseguir ese mejoramiento no parece ser otra que ampliar la participación de los ciudadanos en la gestión de gobierno y su control, así como en la redacción y aprobación de las leyes.
En esa dirección, cada vez son más frecuentes los proyectos legislativos que de alguna forma son puestos a consideración de la población.
El más fresco en la mente de todo el mundo es el Código de las Familias, un texto considerado dentro y fuera de las fronteras de Cuba como un salto que la coloca a la vanguardia en el ordenamiento de esa rama del derecho a nivel internacional.
Precisamente por ser tan avanzado en su contenido, el proyecto generó amplia controversia en todos los sectores sociales cubanos y más allá, incluso antes de su primera versión pública.
Sin embargo, conscientes de la necesidad de esta normativa, pues la anterior databa de 1975 y no daba respuesta a las transformaciones acaecidas en el tejido social de la nación caribeña, desde la aprobación de la Constitución en 2019 se fijó el mandato de someter la legislación a la consideración de la ciudadanía.
Así quedó definido no solo llevarla a un profundo debate popular que se extendió de febrero a abril de este año, sino que luego de su aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), se optó por someterla a referendo para que la población dijera la última palabra.
La ley solo entraría en vigor en caso de que fuera aprobada por la mayoría de los votantes, lo que efectivamente ocurrió el pasado 25 de septiembre.
Un proceso menos visible, aunque igualmente democrático, se desarrolló mucho antes del ejercicio electoral, pues el documento sometido a las urnas fue la versión 25, lo cual dice de un prolongado y minucioso trabajo de construcción colectiva, donde los electores dieron su aporte, fundamentalmente en los debates durante el primer cuatrimestre de este año.
Llegar hasta el texto final llevó numerosas consultas especializadas y la recogida de propuestas a todos los niveles de la sociedad cubana, lo que incluyó criterios de representantes de casi medio centenar de organismos gubernamentales, instituciones sociales, organizaciones de masas, comunicadores, periodistas, psicólogos, académicos, sindicalistas y religiosos, entre otros.
Todo ello en una labor que partió prácticamente desde el momento en que fue aprobada la Constitución vigente, también llevada a consulta popular y referendo, este último el 24 de febrero de 2019.
La tradición provenía de la anterior Carta Magna, aprobada por mandato popular el 15 de febrero de 1976, y que entró en vigor nueve días más tarde, también en la emblemática fecha del 24 de febrero.
MÁS ALLÁ DE LAS LEGISLACIONES
Escuchar las opiniones del pueblo en torno a los asuntos más relevantes del país ha sido una práctica gubernamental, encabezada por el Partido Comunista, que se extiende más allá del ámbito legislativo.
No resulta ocioso recordar que el Código de Familia de 1975, vigente hasta el 26 de septiembre último, fue sometido igualmente a través de los Comités de Defensa de la Revolución (la mayor organización de masas del país), la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, las organizaciones estudiantiles, y diversos organismos del Estado y sociales, a la más amplia discusión.
En esos debates la población lo aprobó -en su totalidad y precepto por precepto-, por una mayoría superior al 98 por ciento de los participantes en las reuniones y asambleas convocadas al efecto.
Sin embargo, con independencia de la aprobación general, el Secretariado de las Comisiones de Estudios Jurídicos examinó detenidamente todas y cada una de más de cuatro mil observaciones presentadas entonces a 121 de los 166 artículos del proyecto.
A pesar del número de los que votaron por ella, acogió e incorporó al texto cuanta sugerencia consideró racional y útil a los fines de la legislación propuesta, como una demostración más de democracia.
No es este el único ejemplo. Frente a la aguda crisis económica que se generó en los años 90 del siglo pasado debido a la caída del Campo Socialista y la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Gobierno cubano acudió a la sabiduría popular para escuchar criterios sobre las medidas que debían adoptarse.
Los llamados parlamentos obreros, desarrollados por toda la geografía nacional, se pronunciaron acerca de acciones que luego contribuirían a sacar al país del estancamiento en el que se hallaba, como la atracción de la inversión extranjera, la despenalización de las divisas y la aprobación del trabajo por cuenta propia (privados) en diversos sectores.
Una experiencia semejante se suscitó en 2011, cuando ante el sexto congreso del Partido Comunista se convocó a la ciudadanía a opinar sobre las reformas económicas que necesitaba la nación caribeña.
De ese proceso surgieron los lineamientos de la política económica y social del país, guiaron las transformaciones de los últimos años y dieron lugar a no pocas normas jurídicas.
Estos son quizá las muestras más ilustrativas de participación popular en Cuba en el debate de las leyes o políticas, pero no se debe perder de vista que gracias al desarrollo más reciente de las comunicaciones e internet en el país, otros proyectos legales fueron puestos a criterio del público en general.
DEMOCRACIA QUE TRASCIENDE FRONTERAS
Las tecnologías permitieron que cualquiera que lo deseara pudiera acceder sin restricciones a los enlaces abiertos con ese objetivo en las páginas oficiales de los organismos y entidades relacionados directamente con las legislaciones, ampliando las posibilidades de participación.
Ese es el caso del proyecto de Ley de Comunicación Social, que será debatido próximamente en el Parlamento, por mencionar un solo ejemplo.
Para más de un millón de cubanos que residen en el extranjero también se abrieron posibilidades de participar en los debates tanto del contenido de la Constitución actual como en los del Código de las Familias.
La directora de Política Migratoria y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yanet Stable, aseguró a Prensa Latina que “existe la intención de avanzar en la participación” de esos ciudadanos a tono con la política de Estado “de ampliar las relaciones con la emigración”.
De ello se puede inferir que se buscará promover aún más las vías para el ejercicio de la democracia participativa, incluidos quienes viven en el extranjero y muestran el deseo de involucrarse con la realidad cubana y aportar a procesos que le tocan de alguna manera.
Prueba de esto, según mencionó, fue la amplia participación en el debate de la Constitución, un proceso hasta ese momento inédito y dentro del cual se recibieron criterios de personas de más de 130 países.
Lo más significativo, apuntó, es que alrededor del 40 por ciento de esas opiniones fueron tenidas en cuenta para los cambios que se incluyeron en el texto.
“Las nuevas tecnologías nos permiten que esa comunicación ya trascienda lo presencial y que los cubanos puedan constantemente interactuar y manifestar sus consideraciones sobre cualquier proceso en el país”, subrayó.
Añadió que la mera participación y expresar criterios diversos da la idea del interés que tienen los cubanos de tomar parte en lo que ocurre en su país, tanto el debate sobre la Constitución como el del Código de las Familias, son evidencia de ello.
Desarrollar procesos de consulta masivos resulta costoso para cualquier país, y para Cuba particularmente, por la limitación de recursos en una nación en desarrollo, además de las enormes presiones externas -económicas, financieras y de toda índole- a las que está sometida la isla a causa del bloqueo de Estados Unidos desde hace más de seis décadas.
Quizá por eso resulta doblemente meritorio que el Gobierno se enfrasque en procesos que involucren a toda la población, en un ejercicio en el cual no parece bastar el derecho de la persona a votar cada cuatro o cinco años (algo presentado por algunos gobiernos como lo máximo en temas de democracia), sino también que el ciudadano se involucre en el debate de las leyes y que este trascienda el marco puramente parlamentario.
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