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Fuentes policiales indicaron que la caravana de Castillo y su escolta fue interceptada por policías de elite que la obligaron a ir a la Región Policial de Lima, cerca del centro de la ciudad, donde se congregaron decenas de detractores que lanzaban gritos contra Castillo.
Hasta allí llegaron la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y agentes de la unidad policial de apoyo a la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción en el Poder, que investiga a Castillo por presuntos actos de corrupción.
En la sede policial se realizó el trámite de detención, ante la fiscal Benavides y la fiscal Anticorrupción, Marita Barreto, y sobre el motivo de la captura hay dos versiones, una que está relacionada con el intento de disolver el Parlamento, lo cual es un delito y otra que tiene que ver con las investigaciones previas.
Castillo estaba acompañado por el ex primer ministro, Aníbal Torres, su amigo y destacado jurista, quien asumió su defensa tras la renuncia de sus anteriores abogados, Benji Espinoza y Eduardo Pachas, quienes renunciaron por estar en desacuerdo con la disolución del Congreso.
Tampoco respaldaron la medida y renunciaron a sus cargos la primera ministra, Betssy Chávez; el canciller, César Landa; y los titulares de Justicia, Economía, Trabajo, Comercio Exterior, Ambiente y de la Mujer.
Lo decisivo para el desenlace final fue la negación por parte de los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía a apoyar la disolución del Poder Legislativo.
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