En medio de un vaivén de dictámenes judiciales al respecto, el Gobierno estadounidense solicitó no levantar los límites impuestos por la norma antes de los días festivos de Navidad a la Corte Suprema de Justicia que, a inicios de esta semana, ordenó mantener vigentes las restricciones que debían finalizar durante esta jornada.
Previo a los días de la supuesta culminación de la medida, puesta en marcha bajo la administración de Donald Trump (2017-2021), un gran número de personas comenzó a acumularse en la frontera sur del país, acorde con reportes de medios locales.
Ahora, grupos defensores de los derechos de los migrantes alertan allí sobre el despliegue excesivo de fuerzas militares donde, según una información difundida por la Casa Blanca, permanecen unos 23 mil efectivos.
Durante las últimas horas, miembros de la Guardia Nacional de Texas, distribuidos en la ciudad de El Paso, usan alambre de púas para acordonar una brecha en la cerca fronteriza a lo largo de un banco del Río Grande, convertido en un punto de cruce popular para los individuos que vadean aguas poco profundas para acercarse a la orilla norteña.
Autoridades advirtieron sobre el envío a la ciudad fronteriza de 400 integrantes de esa milicia que, en un comunicado, reveló que la intención del despliegue incluía fuerzas capacitadas para «repeler y hacer retroceder a los inmigrantes ilegales», mencionó un reporte del Servicio de Radiodifusión Pública.
Los defensores de la inmigración alegaron hace algunos meses que las restricciones del Título 42, impuestas bajo las disposiciones de una ley de salud de 1944, van en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales, y que el pretexto está obsoleto debido a la mejoría de los tratamientos contra la Covid-19.
Introdujeron una demanda entonces para poner fin al uso de la medida, y un juez federal se puso del lado de ellos en noviembre fijando el 21 de diciembre como fecha límite.
No obstante, los estados de tendencia conservadora apelaron a la Corte Suprema, argumentando que un mayor número de inmigrantes afectaría a los servicios públicos, como la aplicación de la ley y la atención médica, y advirtieron sobre una «calamidad sin precedentes» en la frontera sur.
El Gobierno federal se opuso a la apelación, comunicó al máximo tribunal haber enviado más recursos a la frontera sur en preparación para el fin del Título 42, y pidió tiempo para prepararse en caso de que esa instancia decida levantar definitivamente las restricciones.
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