Por Yosbel Bullaín
Corresponsal en Nicaragua
Varias acciones desde al ámbito social y político marcan esta primera etapa de gestión gubernamental, cuyo propósito es devolver al pueblo lo arrebatado durante 12 años por gobiernos neoliberales.
“Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes”, expresó Castro el 27 de enero de 2022, cuando recibía la banda presidencial ante miles de hondureños.
Entre las primeras promesas cumplidas por la mandataria estuvo garantizar electricidad gratis a más de un millón de personas que viven en la pobreza y consumen menos de 150 kilowatts/mes.
Buscar opciones para garantizar una educación de calidad y sin costo a niños y jóvenes hondureños, además de subsidiar los precios de los combustibles, entre otros logros, también formó parte de la agenda del Ejecutivo del país de los pinos.
Según el analista político Mauricio Hernández, fue un calendario difícil, pues la dictadura duró 12 años y la gobernanta trata de desmontar esos tiempos de gobiernos neoliberales.
En diálogo con Prensa Latina, el experto afirmó que 2022 para Honduras estuvo a la altura de las circunstancias y explicó lo difícil de llevar un país endeudado por las administraciones anteriores, y con más del 70 por ciento de la población viviendo en la pobreza.
“Creo que vamos en buen camino y tenemos la esperanza de que el próximo año vamos a profundizar y avanzar mucho más rápido en los procesos de cambios del país, además esperamos se fortalezcan las relaciones con los países latinoamericanos”, comentó.
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
Uno de los sueños de los hondureños es tratar de eliminar de raíz el alto grado de impunidad y corrupción existente en el país, otra de las promesas de campaña de Xiomara Castro que ya muestra sus primeros resultados.
Tras un pedido del gobierno y luego de una negociación con la Organización de Naciones Unidas (ONU), a mediados de diciembre se firmó un memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih).
Para Hernández, existe la voluntad del gobierno de llevar el plan del Ejecutivo hacia adelante tratando de responder las promesas de campaña de la presidenta, que “a diferencia de las administraciones anteriores, no son vacías”.
“Considero que ahora, al existir un apoyo internacional, debe haber una postura más crítica y objetiva de lo que ocurre aquí y servirá para depurar un poco más la parte de la justicia”, destacó.
En ese sentido, aludió a la reconstrucción del país, por lo cual -dijo- los hondureños deben de jugar un papel importante en la reorganización de la institucionalidad.
A decir del analista, cuando la comisión anticorrupción llegue al país, los grupos de poder en Honduras tratarán de desprestigiar las acciones del gobierno y empezarán a acusarlo de autoritario y de hacer persecución política.
Según el director del Instituto Holandés para la democracia multipartidaria en Honduras, se espera que la llegada de la Cicih no sólo se traduzca en judicializar, sino en generar todo un contexto con transparencia a futuro.
La jefa de Estado hondureña, quien estuvo presente en la firma del memorándum junto al secretario general de la ONU, António Guterres, expresó que la Cicih se instalará de forma independiente y justa.
“Logramos acuerdos para la selección de expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público-privadas de alto impacto que saquearon al país”, resaltó Castro.
RED SOLIDARIA CONTRA LA POBREZA
La iniciativa, calificada por el Ejecutivo como integral, se implementa en más de dos mil aldeas del país centroamericano, donde se benefician unas 400 mil familias.
La jefa de Estado hondureña destacó los esfuerzos del gobierno para la ejecución de dicho programa, el cual -dijo- es el más sensible de su administración, pues va dirigido a los sectores más necesitados.
“La Red Solidaria no es un programa de beneficencia, si no de atención, de prevención y de apoyar especialmente a las familias para que salgan de las condiciones en que se encuentran”, explicó.
Para el gobierno del país de los pinos, la propuesta es de vital importancia pues da continuidad a la estrategia implementada por el gobierno del expresidente Manuel Zelaya antes del golpe de Estado en 2009.
De acuerdo con el analista político Alejandro Bonilla, la Red Solidaria no es un proyecto asistencialista como hacían los programas neoliberales que al final empobrecían más a los hondureños. “Está enfocado en la recuperación económica, para que las personas puedan salir adelante”, destacó Bonilla en conversación con Prensa Latina.
El también miembro del partido Libertad y Refundación (Libre) señaló entre los objetivos del gobierno, hacer parte vital del desarrollo económico del país a miles de personas que viven en la pobreza.
“Tiene como eje fundamental la creación de cajas rurales, la participación de la mujer, los bonos a la tercera edad y a las personas con discapacidad”, detalló.
El proyecto es bienvenido en las comunidades más humildes del país, donde también se trabaja para mejorar viviendas y se garantiza la educación con la construcción de escuelas dotadas de textos, entre otras acciones de impacto social.
GUERRA CONTRA LA EXTORSIÓN
La lucha contra la extorsión para eliminar bandas criminales también formó parte de las iniciativas de la primera mujer presidenta de Honduras durante 2022.
Según la gobernante, en los últimos 12 años el pueblo fue víctima de la imposición de un cartel del narcotráfico desde el Estado mismo que permeó las instituciones y las estructuras policiales y militares, lo cual elevó la violencia, la extorsión y la formación de organizaciones criminales.
“Este gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión (…) Mi compromiso es brindarle toda la seguridad que demanda el pueblo hondureño y retornarle la dignidad perdida en el régimen anterior”, expresó.
Estudios sobre el tema afirman que la extorsión en Honduras golpea a varios sectores del país, pero son trasporte y comercio los más afectados.
Analistas refieren que cada empresa de buses públicos, taxis y mototaxis tiene que pagar a las maras (pandillas) para poder entrar a barrios en sus rutas, además del lavado de dinero.
El observatorio nacional de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras informó que entre 2010 y 2019 se registraron aquí mil 781 asesinatos de transportistas; solo en enero de 2020 se dieron a conocer 14 muertes, y en los primeros tres meses de este año las víctimas fueron 27.
Sin dudas, el panorama en la nación centroamericana es complejo. No obstante, los expertos consultados por Prensa Latina aseguran que el pueblo siente aires de cambios, mientras el gobierno avanza para lograr la refundación.
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