El fiscal Scott H. Anderson, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan, dejó saber su determinación un día después de que uno de los abogados del poderoso expresidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que aglutina a los ejecutivos electos bajo la insignia del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), rechazara los cargos de soborno.
El defensor Osvaldo Carlos, un exfiscal federal, aseguró que unas fotos en que su cliente recibe un paquete que parece de miles de dólares no es un soborno, sino una aportación a su campaña de reelección, un asunto que no cae en la jurisdicción del tribunal estadounidense.
Además, el abogado Eduardo Ferrer Ríos, el otro defensor de Pérez Otero, anticipó que solicitarán al Ministerio Público detalles de las cuentas bancarias de las que el empresario Oscar Santamaría extrajo el dinero de soborno.
El letrado dejó establecida su sospecha de que el dinero salió de las arcas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, que indujo al empresario Santamaría a sobornar al alcalde de Guaynabo.
El juicio contra Pérez Otero, quien fuera un influyente miembro del PNP, está pautado para comenzar el 13 de marzo próximo, por lo que la fiscalía debió entregar parte de la evidencia que tiene en su contra, incluidas fotografías recibiendo el presunto soborno.
Este es uno de más de una decena de casos de corrupción de funcionarios destapados por el FBI y que al momento le ha costado la posición a unos ocho alcaldes desde finales de 2021, cuando iniciaron los arrestos de esta etapa, que incluye a ejecutivos electos bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD).
Precisamente, este miércoles fue condenado a 24 meses de prisión y otros tantos en libertad condicionada el exalcalde de Trujillo Alto, municipio contiguo a San Juan, José Luis Cruz-Cruz.
Durante el transcurso de este año, se realizarán varios juicios y la lectura de condenas de otros casos similares.
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