Esta acción diferida es una forma de alivio migratorio que permite a los funcionarios federales proteger a ciertas personas de la deportación, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Las autoridades del DHS explicaron que la política alentará a los trabajadores a denunciar violaciones laborales y participar en investigaciones sin sentirse coaccionados por su estatus migratorio ilegal.
En un comunicado, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que el proceso protegería el mercado laboral estadounidense y la «dignidad de los trabajadores que impulsan nuestra economía».
“Los empleadores sin escrúpulos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los no ciudadanos perjudican a todos los trabajadores y a las empresas que cumplen las reglas”, agregó Mayorkas.
Este proceso se deriva de una directiva emitida por Mayorkas en octubre de 2021 para regir la aplicación de la ley de inmigración relacionada con el trabajo.
A través de ese memorando, Mayorkas puso fin a los arrestos masivos, y dijo que los funcionarios deberían concentrarse en perseguir a los empleadores explotadores, quienes a menudo pagan salarios por debajo del estándar y facilitan la trata de personas y la explotación infantil.
Para ser elegibles para la acción diferida, las personas deberán incluir en sus solicitudes al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) cartas de referencia de agencias federales, estatales o locales que hacen cumplir las leyes laborales e investigan presuntas violaciones laborales.
Si Uscis determina que los solicitantes califican, generalmente les concederá una exención de deportación por dos años, así como un permiso de trabajo adjunto, si se solicita uno.
Los defensores de los migrantes y los legisladores demócratas aplaudieron el anuncio y dijeron que protegerá a los trabajadores vulnerables.
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