Así lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Park Jin, y explicó que la iniciativa busca resolver el asunto de la compensación a 15 surcoreanos que ganaron batallas legales contra dos firmas niponas acusadas de movilizarlos para realizar trabajos forzados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la península coreana se encontraba bajo el dominio colonial japonés (1910-1945).
No obstante, las propias víctimas y los grupos cívicos que las apoyan han protestado fuertemente en contra de la decisión, argumentando que esta significaría la anulación de los históricos fallos judiciales del Tribunal Supremo surcoreano de 2018.
En la actualidad solo tres de los 15 litigantes permanecen con vida; mientras que para los difuntos, sus familias actúan como los representantes legales. El Tribunal Supremo de Corea del Sur ordenó a las compañías japonesas Mitsubishi Heavy Industries y Nippon Steel pagarles una compensación.
Dado que esas empresas rechazaron acatar el fallo del Tribunal, se enfrentan al riesgo de que sus activos en Corea del Sur sean liquidados.
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