De esa cantidad de iniciativas, tres ya están en la corriente legislativa, presentadas por el Poder Judicial y una está aún por entregar, según anunciaron los participantes en el encuentro, efectuado en el Salón de Expresidentes del Parlamento tico.
La primera busca fortalecer y mejorar la regulación del procedimiento para investigar y juzgar procesos por delincuencia organizada, la cual establece el Tribunal contra el Crimen Organizado, mientras la segunda es una reforma que ataca los capitales emergentes y pide capturar los bienes de negocios ilícitos.
Mejorar el desarrollo curricular de la policía judicial, utilizando los terrenos de la Escuela Judicial; una modificación a la Ley de Telecomunicaciones para sancionar penalmente a quien fabrique dispositivos de radiofrecuencias con propósitos ilícitos y cambios en el proceso de protección de víctimas son otras propuestas.
También aparecen ampliar las escuchas telefónicas en casos de femicidios y soborno transnacional y establecer el anticipo de prueba en casos donde se pueda perder, así como la aún no presentada referida a que el Registro Judicial de Delincuentes conserve durante mayor tiempo los antecedentes de las personas sentenciadas.
En la cita participaron los presidentes de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y de la Sala Tercera, Patricia Solano; el Fiscal General, Carlos Díaz; los ministros de Seguridad, Jorge Torres, y de Justicia, Gerald Campos; y el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga.
Además, el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Hans Sequeira, y la vicepresidenta del Legislativo, Gloria Navas.
Al concluir la reunión de unas tres horas, Arias destacó la necesidad de tomar medidas que permitan bajar el nivel de delincuencia que tenemos, lo cual -añadió- requiere una política de Estado.
Arias adelantó que la semana entrante tendrá un encuentro con los jefes de las fracciones representadas en el Legislativo para solicitar darle trámite expedito a esas propuestas legales con el propósito de devolverle la tranquilidad a los costarricenses.
Costa Rica vive una ola de violencia que ya suma 180 homicidios hasta la fecha, cifra récord y atribuida mayormente a las luchas entre bandas dedicadas al narcotráfico por el control de territorios y al sicariato.
En 2022, este país contabilizó 654 asesinatos y una tasa de 12,6 por 100 mil habitantes, ambas cotas máximas históricas.
De su lado, Aguirre aseguró que estas iniciativas son temas urgentes, e informó que le señaló a los representantes del Poder Ejecutivo, al presidente Rodrigo Chaves y a Arias que el Poder Judicial está dispuesto a colaborar para sacar adelante esos proyectos.
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