El gobernador de la mentada región, Brad Little, convirtió a su estado en el primero del país en prohibir el traslado de menores de edad hacia otros sitios para solicitar una interrupción del embarazo sin el consentimiento de sus padres.
La ley de autoría republicana, H.B. 242, crea el delito de «tráfico de abortos» y establece una pena mínima de dos años de prisión y máxima de cinco para quien sea declarado culpable de cometerlo.
En la práctica, dicha legislación afectará a quienes viajen a Idaho para ayudar a una menor embarazada a obtener medicamentos de fuera del estado para una interrupción, y a aquellos que crucen las fronteras estatales para buscarle atención.
Los grupos defensores del aborto prometen luchar contra la norma, pues sospechan que otros territorios podrían establecer marcos jurídicos similares.
Por ejemplo, la Alianza de Planificación de la Familia del Oeste, declaró la víspera que la legislación es despreciable y trabajará para detenerla.
Los congresistas, según se lee en una declaración citada por el sitio Common Dreams, usan un término increíblemente serio como tráfico para hablar de jóvenes que viajan con adultos de confianza para acceder a un procedimiento legal en otro estado.
Asimismo, algunas organizaciones, entre las que se incluye la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, anunciaron una demanda contra el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador.
El abogado afirmó que allí la ley prohíbe a los proveedores médicos «referir a una embarazada fuera de las fronteras estatales para acceder servicios de aborto o a una prescripción de píldoras abortivas para que la mujer las recoja en otra región”.
La ley requiere la suspensión de la licencia de un profesional de la salud cuando él o ella intenten o ayuden a realizar una interrupción, escribió también Labrador.
La coalición de defensa del aborto se opone a esa interpretación y advirtió que va mucho más allá de la ley de Idaho.
“Es un intento extremo de evitar que los proveedores de atención médica brinden información a los pacientes y de evitar que los habitantes de ese territorio accedan a atención médica legal en otro estado», refirió.
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