El director de la Autoridad de Medios etíope, Mohammed Idris, explicó que la normativa no obliga a los propietarios de cuentas de redes sociales a registrarse legalmente, de ahí que ese vacío legal obstaculice a las autoridades llevar ante la ley a los responsables de difundir informaciones falsas.
Reveló que hasta el momento solo 57 propietarios de esas plataformas están registrados, citado por el diario The Ethiopian Herald.
Idris comentó además que varios actores de las redes sociales están respaldados por algunos grupos de interés que protegen sus intereses políticos ocultos bajo el disfraz de los derechos humanos.
“Algunos actores de las redes sociales, en particular políticos y activistas, han impuesto sus agendas ocultas bajo el nombre de periodismo. Siempre que esas personas son imputadas por ley por lo que difunden en las redes sociales, se presentan como periodistas y afirman ejercer la libertad de expresión”, enfatizó.
Para reducir esa brecha, mencionó la estrecha asociación formada con el Ministerio de Justicia y otros organismos relevantes para establecer un marco legal y, aunque han llevado ante la justicia a personas que utilizaron las redes sociales para instigar e incitar sobre la base del monitoreo de medios y denunciantes, el veredicto no es suficiente.
A su juicio, la regulación de la práctica de las redes sociales no debe dejarse en manos de una sola entidad gubernamental, y el público debe hacer una contribución significativa para evitar y exponer la desinformación y el discurso de odio.
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