Con este proceder, el máximo foro judicial decidió 8-1, con el voto en contra del juez Clarence Thomas, que el organismo establecido por Washington no entregue información requerida mediante una demanda por el Centro de Periodismo Investigativo (ICP) de Puerto Rico.
“Esta decisión del Supremo representa un ataque frontal a nuestro derecho constitucional a la transparencia gubernamental que por años hemos reclamado en Puerto Rico”, expresó la abogada Eva Prados, directora de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.
La entidad, que participó en el caso como amigo de la corte a favor del ICP, destacó que con su opinión el máximo foro judicial estadounidense revirtió la orden del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, que le exigía a la JSF entregar documentos públicos que el grupo periodístico lleva solicitando desde 2017.
“La junta de control fiscal, una entidad completamente financiada con fondos públicos, es el organismo con mayor poder e influencia en Puerto Rico”, precisó la abogada, que ha reclamado la importancia de auditar la deuda pública del país, a lo que se ha negado el organismo fiscalizador.
Agregó que, como representante del gobierno puertorriqueño en las negociaciones para la reestructuración de la deuda, sus acciones y decisiones afectarán por décadas la vida del pueblo puertorriqueño.
Prados indicó que al proteger a la JSF de cualquier reclamo de información pública, la Corte Suprema de Estados Unidos niega nuestro derecho de fiscalizar los procesos y fundamentos sobre el pago de la deuda pública, a la vez que impide medidas que afecten el bienestar del país.
En tanto, Issel Masses, directora de Sembrando Sentido, entidad que se unió al caso como amiga de la corte en apoyo al ICP, insistió que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos es un atropello más al pueblo de Puerto Rico y a nuestros derechos como personas de incidir en las decisiones que nos afectan y que determinan nuestro futuro.
La portavoz de Sembrando Sentido, que trabaja para garantizar la distribución justa y equitativa de los fondos públicos, argumenta cómo la falta de acceso a la información obstaculiza la evaluación de políticas en decisiones multimillonarias, como los procesos de privatización de nuestros servicios esenciales, que ya han causado daños sociales, económicos y ambientales.
Cristina M. Miranda Palacios, directora y fundadora de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, explicó que también se unieron al caso del ICP como amigo de la corte ante el reconocimiento de que la JSF se extralimita continuamente en su función, sin ninguna consideración al estado de derecho que la creó ni a las necesidades, realidades y deseos de nuestras comunidades y el país.
“Esta nefasta decisión va a desembocar en una crisis espantosa en la ya debilitada estructura de nuestro sistema de gobierno, y por ende en el país”, dijo Miranda Palacios.
Consideró que los continuos reclamos de rendición de cuentas que se le hace a los alcaldes, por la prensa, por el gobierno, y por la propia junta de control fiscal, ahora no le aplica a estos, según estableció el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
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