La normativa amplía las multas y privación de libertad para los llamados “delitos de cuello y corbata”, entre ellos los bancarios, tributarios, la malversación de caudales públicos o el lavado de activos.
Además de aplicarse a las empresas, la iniciativa apunta a entidades religiosas, partidos políticos, sociedades y universidades del Estado.
“Es probablemente la reforma más significativa al Código Penal de 1874 que tenemos hasta hoy”, dijo el ministro de Justicia Luis Cordero, al referirse a la legislación dirigida al combate a la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
Usuarios de redes sociales saludaron la iniciativa, en un país que en los últimos años sufrió numerosos escándalos empresariales como el alza concertada en farmacias de los precios a más de 200 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas.
También es recordado el caso Penta, conocido como Pentagate, que consistió en el uso de facturas falsas para financiamiento de campañas de varios políticos, la mayoría pertenecientes a la derechista Unión Demócrata Independiente, y cuyos responsables fueron condenados a “clases de ética”.
Esta ley es una buena noticia para Chile y la democracia porque busca emparejar la cancha y que, quienes cometen delitos de cuello y corbata paguen tanto como los que venden discos piratas, dijo la diputada Marisela Santibáñez.
Para el también legislador Leonardo Soto, con esta iniciativa los delincuentes económicos nunca más van a ser condenados a clases de ética, sino a la cárcel efectiva.
Se trata de un paso histórico para poner fin a la impunidad de dueños y gerentes que se coluden y abusan de millones de chilenos, dijo.
La normativa forma parte de los 31 proyectos priorizados por el Gobierno en el Acuerdo sobre Seguridad y busca sanciones acordes a este tipo de actos ilícitos.
Estamos comprometidos a acabar con los abusos con esta ley que aumenta las multas y penas para delitos económicos y atentados contra el medioambiente, dijo la ministra de Minería Marcela Hernando.
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