El Servicio de Comunicaciones gubernamental (GCS, por sus siglas en inglés) denunció que el documento publicado el 1 de junio pasado contiene acusaciones sin realizar una investigación exhaustiva y creíble en todas las áreas afectadas por el conflicto armado interno.
“Las acusaciones no están respaldadas por evidencia y es descripción distorsionada y engañosa de la situación que intenta socavar la coexistencia pacífica y alimentar el conflicto interétnico y obstruir los esfuerzos nacionales por la paz y la reconciliación en Etiopía”, enfatizó el comunicado.
El GCS recordó que el conflicto en el norte del país afectó a las comunidades en las regiones de Afar, Amhara y Tigray y que Human Rights Watch solo está interesado en un área específica.
Consideró que el informe también muestra las intenciones para avanzar en su agenda contra Etiopía en los foros internacionales.
Recalcó que el país africano cuenta con instituciones independientes, como la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía y organismos encargados de hacer cumplir la ley para garantizar la protección de los derechos humanos a través de una investigación adecuada y exhaustiva de las violaciones cometidas en el contexto del conflicto.
De igual modo, el Gobierno facilitó la Investigación Conjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión, además de que el Grupo de Trabajo Interministerial implementó las recomendaciones de ese proceso, la rehabilitación de las víctimas y las reformas legislativas.
El GCS agregó que, con la firma del Acuerdo de Paz de Pretoria en noviembre pasado entre el Gobierno y el Frente de Liberación Popular de Tigray, se impulsan consultas a nivel nacional sobre Opciones de Política para la Justicia Transicional para Etiopía.
“El proceso de justicia transicional permitirá una investigación integral, se dirá la verdad y se responsabilizará a los autores de los delitos cometidos”, recalcó.
Asimismo, la Comisión de Diálogo Nacional trabaja para abordar las causas profundas de los conflictos y otros problemas nacionales en el país.
Concluyó que el Ejecutivo etíope invitó al Equipo Conjunto de Investigación del Alto Comisionado a monitorear la situación de los derechos humanos en las zonas de conflicto.
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