En lo que transcurrió del mes de julio los partes señalan que van 13 jornadas donde no se verifican asesinatos atribuidos a los grupos delincuencias, calificados por las leyes del país como terroristas, y que son combatidos a través del Plan de Control Territorial y el estado de excepción, el cual permitió apresar a cerca de 72 mil pandilleros y presuntos colaboradores.
Los informes señalan que el jueves pasó con cero asesinato, lo que elevó a cinco las jornadas consecutivas si afectaciones de ese flagelo.
Desde que el presidente Nayib Bukele asumió su cargo en 2019, disminuyeron las muertes a causa de las estructuras criminales, un elemento que destaca el Gobierno y que se convirtió en piedra angular del respaldo al mandatario en su aspiración de reelegirse en 2024 pese a críticas opositoras de que su inscripción es ilegal e inconstitucional.
La aplicación del régimen de excepción permitió desarticular las pandillas y por ende su accionar delictivo, algo que se vio ensombrecido en los últimos días tras conocerse una operación contra una red de estafadores colombianos que pretendieron usar espacios rescatados del control de las maras para establecer la red “gota a gota”.
Los informes gubernamentales indican que solo el año 2022 acumuló 162 días libres de violencia homicida desde que inició el régimen y este año, hasta el 19 de julio se sumaron 138 jornadas.
En 2023 continúo la tendencia de la baja de homicidios que se registró en el 2022, que cerró con 169 días libres de muertes a causa de la violencia, mientras que enero de este año sumó 22 días sin homicidios, febrero 21, marzo 20, abril registró 24 jornadas sin homicidios, mayo 18 y junio 21.
En este ambiente de mejorar la seguridad en el país, no faltan las denuncias por violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción que son atribuidas a detenciones arbitrarias y la falta al debido proceso, según familiares y grupos defensores.
Los denunciantes, organizaciones sociales, actualizaron la cifra sobre las vulneraciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Desde marzo de 2022 hasta junio de 2023 estas organizaciones registraron cinco mil 490 víctimas, en su mayoría, por detenciones arbitrarias.
Por otra parte, esos informes abordan el impacto en la población joven, pues el rango de edades de entre 19 y 30 años conforma el 53,48 por ciento de los detenidos y casi el 80 por ciento son hombres.
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