El comisario de la Comisión Nacional de Rehabilitación, Teshome Toga, reveló el lunes que más de 371 mil 900 excombatientes serán rehabilitados en 16 campos ubicados en ocho regiones del país como parte del acuerdo de paz, pero la falta de recursos limita el éxito del proceso.
Toga explicó que actualmente están en la etapa de preparación de la primera fase de desmovilización, en un inicio prevista para junio pasado, pero se extendió para este mes debido a la falta de recursos, citado por el periódico The Reporter.
Precisó que entre los preparativos en cursos están las logísticas como los campamentos operativos que, de los 16 programados, 10 estarán en el estado regional de Tigray donde se encuentra aproximadamente el 70 por ciento de los excombatientes. El proceso demanda 550 millones de dólares.
Si bien el establecimiento de la Comisión se inició según las disposiciones del acuerdo de paz firmado entre el gobierno federal y el Frente de Liberación Popular de Tigray en Pretoria, Sudáfrica, en noviembre pasado, el acuerdo exige el desarme, la desmovilización y la reintegración de los combatientes de todo el país, enfatizó.
Los estados regionales de Oromia y Amhara tienen el segundo mayor número de ese personal actualmente desarmados y en espera de los procesos de desmovilización y rehabilitación, y podría aumentar de alcanzarse acuerdos de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Oromo (OLA Shene) y los grupos armados de la milicia FANO.
Por otra parte, el Consejo de Ministros en su XXIV sesión ordinaria aprobó el jueves pasado tres acuerdos de préstamo firmados con el gobierno de Italia por un monto total de 56 millones de euros para apoyar los objetivos orientados al desarrollo de la nación.
Dado que todos los préstamos están libres de intereses y tienen un período de gracia de 16 años, se pagarán en 30 años y están en línea con la política crediticia del país. Después de avalados los acuerdos, fueron remitidos a la Cámara de Representantes del Pueblo (parlamento) para su aprobación.
Un análisis similar llevó dos acuerdos de préstamo firmados con la Asociación Internacional de Fomento por valor de 300 millones de dólares, de los cuales 250 millones están destinados a aumentar el acceso a la electricidad en comunidades rurales de bajos ingresos y 50 millones a mejorar el desarrollo de la energía humana.
Como no tienen intereses y el período de gracia es de seis años, se pagarán en 38 años. Una vez aprobados fueron remitidos al parlamento para el visto bueno.
En materia de política exterior, evaluaron el convenio firmado entre Etiopía y Rusia sobre la protección mutua de la propiedad intelectual obtenida durante la cooperación técnico-militar, cuya renovación busca en ese campo y prevenir conjuntamente violaciones de los derechos intelectuales.
De igual modo, el acuerdo con el gobierno de Líbano para la protección de sus ciudadanos en suelo etíope y fortalecer las relaciones diplomáticas, el de libre visado a los titulares de pasaportes diplomáticos de Corea del Sur e India, así como el comercial firmado con Pakistán.
Todos los convenios antes mencionados fueron aprobados y remitidos al parlamento para su visto bueno.
Sobre la situación humanitaria y los últimos acontecimientos en el país, el ministro de Estado para la Diplomacia Política y Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mesganu Arga, ofreció la víspera información actualizada a representantes de las agencias de Naciones Unidas.
Arga reiteró el compromiso del gobierno etíope de trabajar de conjunto con esos organismos especializados para acelerar la entrega de ayuda, incluido alimentos, sobre todo en aquellas áreas más vulnerables.
Por su parte, los representantes las agencias de la ONU, si bien elogiaron los esfuerzos del gobierno de Etiopía, resaltaron la importancia de reanudar la ayuda alimentaria a quienes más la necesitan para evitar una mayor exacerbación de la deteriorada situación humanitaria.
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