Por Nara Romero Rams
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Etiopía
Al intervenir en el 54 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el embajador etíope, Tsegab Kebebew, recordó que desde la firma del Acuerdo de Paz, en Sudáfrica, Addis Abeba redobló sus esfuerzos para consolidarlo.
El acuerdo lo adoptaron tras 10 días de negociaciones entre el gobierno y el Frente de Liberación Popular de Tigray, con la mediación de la Unión Africana mediante el cual se puso fin en noviembre pasado a dos años de enfrentamientos armados.
“Hemos estado utilizando vías pacíficas para resolver las diferencias. Hemos tomado medidas para garantizar la rendición de cuentas y la reparación por violaciones de derechos humanos”, declaró Kebebew.
Lamentó que esa comisión internacional de expertos no mostrara inclinación alguna de reconocimiento al progreso registrado en Etiopía para silenciar las armas.
El representante permanente ante la ONU precisó que el informe y las conclusiones, compilados sobre la base de enfoques metodológicos muy cuestionables y desde lugares muy remotos, caracterizaron de manera errónea los acontecimientos políticos positivos y ampliamente aclamados.
Rechazó también su contenido, porque contradice las conclusiones de la investigación realizada a iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía.
A juicio del diplomático, después de rechazar la oferta de cooperación del gobierno etíope, la Comisión internacional decidió evaluar cuestiones sobre bases políticas que van mucho más allá de su competencia y se involucró en una mayor retórica incendiaria.
“Tiene la temeridad de sugerir que algunos elementos armados cuentan con el apoyo de las comunidades”, reveló.
Al recordar la misión de llevar a cabo una pesquisa exhaustiva e imparcial sobre presuntas violaciones de derechos humanos en el conflicto en el norte del país, Kebebew aseguró que no presentaron pruebas acordes con los estándares internacionalmente aceptados.
En su mayoría, agregó, se basaron en comentarios de las redes sociales y declaraciones ofrecidas por solicitantes de asilo. “Con motivaciones obvias, el informe no alcanza las orientaciones proporcionadas por el Consejo a los titulares de mandatos”.
LA PAZ ANTE TODO
Kebebew explicó que desde el 4 de agosto pasado declararon, por un periodo de tiempo limitado, el estado de emergencia en la norteña región de Amhara para restablecer la ley y el orden y proteger a los civiles de los enfrentamientos entre las fuerzas regionales y grupos armados pertenecientes a las milicias FANO.
“El estado de emergencia es supervisado por una junta de investigación creada por el Parlamento. La junta garantiza que cualquier fuerza utilizada debe ser necesaria, proporcionada y no abusiva, y respeta las normas de derechos humanos”, afirmó.
Resaltó que Etiopía también ha proporcionado y facilitado asistencia humanitaria vital y garantizó el acceso sin obstáculos a los actores humanitarios para apoyar a las personas afectadas por el conflicto.
Arrojó luz sobre las consultas nacionales convocadas con el objetivo de buscar las opciones para la política de justicia transicional que, a decir del diplomático, el informe no puede socavar este proceso sin precedentes apoyado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
De igual modo, participa la Comisión de Derechos Humanos para garantizar que cumpla con las normas internacionales.
Paralelamente al proceso de justicia transicional, se desarrollan consultas con la sociedad civil, incluidas asociaciones de derechos de las mujeres y expertos internacionales. Una vez concluida y adoptada la política transicional próximamente, se espera que aborde de manera integral todas las presuntas violaciones graves de derechos humanos, mencionó.
“Como mecanismo preventivo, por invitación de Etiopía, tanto el Acnudh como la Comisión Etíope de Derechos Humanos han desplegado observadores de derechos humanos en las zonas afectadas por el conflicto. Cualquier resultado de este despliegue será utilizado por el gobierno para tomar medidas correctivas y correctivas”, subrayó.
Para recalcar la voluntad del gobierno nacional en la transparencia de ambos procesos, el Representante Permanente recordó además que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos reconoció estos acontecimientos y puso fin al mandato de la Comisión de Investigación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Etiopía.
Según comentó, la implementación de la política de justicia de transición ciertamente utilizará toda la información disponible y creíble para garantizar la rendición de cuentas, la verdad, la curación y la reconciliación en el país.
Pese a lo lejos de la realidad del informe elaborado por la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos, Etiopía reiteró la voluntad continuar trabajando con la Comisión de Derechos Humanos y la oficina del Acnudh en la implementación de la política de justicia transicional.
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