Al desembarcar la pandemia del Covid-19 en esta isla del Caribe, la entonces gobernadora Wanda Vázquez-Garced destinó 38 millones de dólares a una empresa de ambos sujetos sin experiencia en el campo médico para adquirir pruebas rápidas no cualificadas de Covid-19.
Ante el depósito de 20 millones de dólares en la cuenta de la compañía de Maldonado, un abogado con estrechos vínculos al anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), el banco alertó a la agencia reguladora y al Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Los abogados de Maldonado, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo, y su socio Vick consiguieron que el Tribunal de Primera Instancia desestimara en 2022 los cargos en su contra por fraude, por falta de jurisdicción.
En febrero de este año, el Tribunal de Apelaciones ratificó que la Opfei carecía de jurisdicción sobre los empresarios, por no tratarse de funcionarios públicos.
Mas este viernes, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente tiene jurisdicción para procesar criminalmente a los empresarios Maldonado y Vick en su intención de defraudar al gobierno de Puerto Rico.
De acuerdo con el fallo, los fiscales especiales independientes tienen autoridad para procesar a individuos particulares cuya conducta delictiva ha sido descubierta como parte de la investigación que ha sido debidamente encomendada por la Opfei. Al revocar la decisión, el máximo foro judicial de Puerto Rico devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia.
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