Al hacer balance de un encuentro con autoridades de seguridad, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, el gobernante destacó que todos reconocieron la existencia de una situación de crisis en el tema de los asesinatos, producto de las guerras entre bandas, que no justifican los homicidios, pero es la realidad.
Los tres poderes reconocimos que este es un momento de trabajar juntos con legislación, con acción policial y obviamente del Poder Judicial de llevar a cabo las investigaciones criminales como le corresponde a la Fiscalía, preparar los casos e implementar leyes nuevas, agregó.
En el encuentro participaron además el Ministro de Seguridad, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Parlamento y la Presidencia.
Para el mandatario, hubo una conversación constructiva entre todos para ponerse a trabajar desde ya, y consideró además que todos deben de bajar el tono de la discusión pública de quién tiene la responsabilidad de la situación y quién la capacidad de arreglar o no el sistema.
Debemos tener un debate más constructivo ante la opinión pública que está preocupada de la situación que se está dando, subrayó.
Comentó que los diputados en el intercambio preguntaron sobre la política de seguridad nacional, y aseguró que ese aspecto está en construcción, sin embargo, «les hicimos ver en la reunión que esta situación de emergencia requiere de más leyes que nos permitan lidiar con todo lo que estamos viviendo».
Añadió que vale la pena reflexionar sobre el tema de que tiempos extraordinarios podrían requerir acciones extraordinarias con respecto incluso hasta a la tónica de nuestro derecho penal, pero que en este momento el país necesita analizar si eso es lo más conveniente para la población o un sistema un poco más fuerte en el sistema judicial.
Hablamos de la necesidad de dedicar más recursos a esta cruzada de tratar de apagar ese incendio de asesinatos, aseguró.
Costa Rica vive una ola de violencia sin precedentes y hace solo unos días superó las cifras de asesinatos del 2022. Autoridades estiman que para fines de año llegarán a 900 muertes violentas, hecho inédito en esta nación centroamericana.
Las autoridades explican que se debe entre otras causas a ajustes de cuentas entre grupos dedicados al narcotráfico, por el control de localidades y por la legitimación de capitales.
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