Creado por el Ministerio de Justicia para asesorar y liderar el proceso de desarrollo de esas políticas en el país, el Grupo publicó un “libro verde” en enero pasado para solicitar aportes públicos de partes interesadas relevantes sobre diferentes normativas e instituciones vinculadas al tema.
Tras realizar más de 80 consultas desde marzo de este año lanzadas por el gobierno, recopilaron las opiniones de la población las cuales subrayaron la importancia de la política de justicia transicional, así como la sugerencia de que los culpables de esos delitos rindan cuentas de acuerdo con sus respectivos niveles de participación.
Revelaron también que la reconciliación y el perdón deberían ser parte de un organismo de investigación recientemente creado.
Las conclusiones enfatizaron además que deben compensarse a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, angustia psicológica y emocional, de lesiones físicas y violencia sexual, desplazadas y aquellos que perdieron a sus familias y otros segmentos de la sociedad afectados en la fase de implementación de la política.
Revelaron los expertos, con las recomendaciones de los participantes, el consenso para incluir las violaciones cometidas desde 1995, además de la definición de las funciones de las administraciones regionales y municipales en el proceso de puesta en marcha de la normativa.
En una conferencia de prensa sobre el progreso realizado hasta ahora para diseñar un marco jurídico integral, el Grupo de Trabajo recordó la creación de un equipo de 13 expertos para la preparación de la Política de Justicia Transicional.
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