Un fuerte consenso popular sobre la necesidad de un mecanismo de enjuiciamiento para abordar abusos y violaciones de los derechos humanos son algunas de las conclusiones presentadas la víspera en conferencia de prensa por el Grupo de Trabajo de Expertos en Justicia Transicional etíope.
Creado por el Ministerio de Justicia para asesorar y liderar el proceso de desarrollo de esas políticas en el país, el Grupo publicó un “libro verde” en enero pasado para solicitar aportes públicos de partes interesadas relevantes sobre diferentes normativas e instituciones vinculadas al tema.
Luego de más de 80 consultas desde marzo lanzadas por el gobierno, recopilaron las opiniones de la población las cuales subrayaron la importancia de la política de justicia transicional, así como la sugerencia de que los culpables de esos delitos rindan cuentas de acuerdo con sus respectivos niveles de participación.
Las conclusiones enfatizaron además que deben compensarse a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, angustia psicológica y emocional, de lesiones físicas y violencia sexual, desplazadas y aquellos que perdieron a sus familias y otros segmentos de la sociedad afectados en la fase de implementación de la política.
Según los expertos, con las recomendaciones de los participantes, se acordó incluir las violaciones cometidas desde 1995, además de definir las funciones de las administraciones regionales y municipales en el proceso de puesta en marcha de la normativa.
Paralelo a ese proceso, se ultiman los detalles en el país para el diálogo nacional convocado para el próximo año, de ahí que representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil expresaron su compromiso de reforzar su participación en esa iniciativa, considerada crucial para lograr una paz sostenible dentro de la nación.
El presidente de la Asociación de Maestros etíopes, Yohannes Benti, dijo que el diálogo nacional es fundamental para lograr una paz duradera en el país mientras se esfuerza por abordar las causas profundas del conflicto.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Sindicatos de Etiopía, Kassahun Follo, subrayó que trabajan desde el mismo inicio de esa comisión y estuvieron presentes en la selección de los participantes.
Follo consideró que, para acelerar el desarrollo económico del país, la creación de un entendimiento común sobre los principales asuntos del país es insustituible y debe ser una prioridad, enfatizó el presidente.
Destacó que no será sólo un evento único, sino también un foro donde podremos practicar la resolución de diferencias a través del diálogo.
La Comisión de Diálogo Nacional de Etiopía fue establecida por la Cámara de Representantes del Pueblo (parlamento) con 11 comisionados para liderar un proceso independiente, inclusivo y transparente en todo el país.
Como parte del apoyo de la Unión Africana (UA) a la implementación del Acuerdo de Paz de Pretoria en Etiopía, el jueves pasado se firmó un acuerdo de subvención para apoyar el proceso de desmovilización, rehabilitación y reintegración de los excombatientes entre el gobierno local y la organización política africana.
La ayuda de un millón de dólares del Fondo de Reserva para Crisis de la UA a la Comisión Nacional de Rehabilitación local (NRC) apoyará sus esfuerzos para garantizar la plena aplicación del acuerdo de paz firmado en Sudáfrica el 2 de noviembre de 2022 que puso fin al conflicto con el Frente de Liberación Popular de Tigray en el norte del país.
El comisionado de la NRC, Teshome Toga, y el comisionado de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la organización política africana, Bankole Adeoye, firmaron el documento en presencia del ministro de Estado de Asuntos Exteriores Mesganu Arga, precisó la Cancillería etíope.
Adeoye apreció la disposición del gobierno etíope con la implementación del Acuerdo de Paz de Pretoria y calificó ese momento como decisivo en la historia de África, ya que Addis Abeba es el primer país en beneficiarse del fondo.
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