El elevado número de homicidios que se sucede en Costa Rica desde hace algún tiempo preocupa tanto a la población como a las autoridades. El 2023 cerró con 907 muertes violentas, lo que condujo a reformular leyes para enfrentar este fenómeno mediante de trabajo coordinado de los tres poderes del Estado.
Para el Fiscal General Carlo Díaz, se debe analizar bien el tema para no crear un proyecto que al final no permita sanciones, ya que hoy en la legislación no existe ningún tipo penal que sancione a un mayor de edad que utilice a un menor para un hecho delictivo.
La dificultad es la práctica probatoria, es decir, cómo demostrar eso, subrayó Díaz al puntualizar que es muy difícil porque tendríamos que tener prueba que diga que el mayor de edad utilizó al menor. Y en una organización delictiva, demostrar que se reclutó a un menor de edad para esos fines es más difícil, señaló.
Si bien se podrían dar casos donde el menor y el mayor de edad son detenidos en flagrancia, pero el objetivo de las autoridades es detener el sicariato en menores que está en aumento, argumentó.
El director del Organismo de Investigación Judicial Randall Zúñiga, subrayó que el objetivo es incorporar una figura que pueda agravar el uso de los menores de edad como instrumentos del delito y que se vean más como una carga para los grupos criminales y no como un beneficio.
Los grupos criminales no son tontos, saben que si usan menores de edad en menor tiempo estos volverán a las calles. Es importante eliminar esa mano de obra barata para esos grupos criminales, subrayó.
Desde diciembre fue creada una comisión para analizar temas puntuales que ayuden a reformular leyes y se puedan poner en práctica sanciones más contundentes para quienes incurran en la criminalidad.
La semana pasada fue analizada la legislación vigente sobre la prisión preventiva y se discutirá además sobre la portación de armas.
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