Presentados al presidente Rodrigo Chaves la víspera por los máximos representantes del poder judicial y el legislativo, una de estas iniciativas es revocar la nacionalidad costarricense a aquellos extranjeros que incurran en delitos graves como el narcotráfico y el crimen organizado, incluso podrían ser extraditados.
Otra de las nuevas iniciativas está encaminada a reformular lo estipulado en cuanto a prisión preventiva, para que permanezcan en las cárceles aquellos sujetos que cometan delitos peligrosos.
A estos se suma un proyecto de ley para enfrentar el sicariato infantil, en aras de desarticular a organizaciones que recluten menores de edad, las reformas sobre la ley de armas y explosivos, la intervención en las comunicaciones, monitoreo electrónico y los préstamos gota a gota, entre los más significativos.
El presidente Chaves alabó el avance de los análisis mediante una comisión que echó a andar el 8 de enero último con los máximos representantes de los poderes del estado, así como el Fiscal General Carlo Díaz y la ministra de la presidencia Natalia Díaz.
Se lograron avances en la reformulación de leyes acordes a los tiempos que vive el país y darle herramientas al poder judicial y a la fiscalía para poder frenar esta situación, explicó Chaves.
Para el presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Arias en este trabajo conjunto se logró construir una política de Estado en materia de seguridad, que devuelva la tranquilidad a la familia costarricense.
En el camino hacia la aprobación, primero será presentada a los seis jefes de fracciones que integran el Parlamento, les den su aval, para después llevarlos al plenario y agilizar los trámites para verlos convertidos en Ley de la República, señaló.
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, se ha logrado construir una herramienta que busca mejorar el accionar del ministerio Público y la policía judicial, y ser más eficientes en la lucha contra la inseguridad.
Costa Rica cerró el 2023 con la mayor cifra de homicidios de todos los tiempos, 907 muertes violentas.
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