Recientemente, el Parlamento Europeo exigió el cese inmediato de las hostilidades e instó a un diálogo nacional inclusivo para detener la guerra.
También solicitó impedir la exportación de armas y tecnología de vigilancia al estado africano porque, según fundamentó, son utilizadas para ataques contra civiles y violar los derechos humanos.
Asimismo, acusó al gobierno de cometer abusos contra el pueblo de Tigray e instó al Consejo de Seguridad de la ONU a considerar el despliegue de fuerzas de paz en el territorio.
Es una disposición inaceptable, injustificada y parcial, que pasa por alto los hechos sobre el terreno, dijo este jueves en conferencia de prensa el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Dina Mufti.
De esa manera, el vocero recalcó palabras del viceprimer ministro etíope, Demeke Mekonnen, en una conversación telefónica sostenida la semana pasada con Anže Logar, ministro de Relaciones Exteriores de Eslovenia, país que ostenta la presidencia del Consejo de la UE.
Algunos países y medios de comunicación de occidente, subrayó Mufti, tienen una visión distorsionada de la realidad de nuestro país y, particularmente, del conflicto con el TPLF (siglas en inglés).
Los países que apoyan al grupo terrorista actúan de manera hipócrita, están sosteniendo discursos y actitudes sesgadas y discriminatorias destinadas a proteger sus intereses, comentó.
Ante esta situación, los etíopes de todas las regiones, etnias y religiones deben unirse con el objetivo de fortalecer nuestra lucha por la independencia y supervivencia de la nación, manifestó.
Desde noviembre pasado, las Fuerzas de Defensa Nacional iniciaron una ofensiva contra el Frente, organización acusada de subvertir el orden constitucional y violar los derechos humanos, entre otros delitos, y declarada terrorista por el Parlamento.
A mediados de este año, el gobierno federal decretó de manera unilateral un alto al fuego para facilitar las labores agrícolas y las gestiones humanitarias en Tigray, pero el grupo lo desestimó y desde entonces extendió su criminalidad a los estados de Afar y Amhara.
De acuerdo con acusaciones oficiales, la población civil es su blanco recurrente y casi a diario destruye instituciones públicas, escuelas, hospitales, campamentos para refugiados e incluso sitios históricos.
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