Para el órgano judicial supranacional, la Cámara de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo dio un trato parcial y sin independencia a los letrados Monika Dolinska-Ficek y Artur Ozimek, quienes solicitaron otros destinos en 2017 y 2018, respectivamente.
La decisión del TEDH dio otro golpe al gobernante Partido Ley y Justicia, a cuya instancia se aprobaron este año reformas judiciales que pusieron en entredicho la independencia del Poder Judicial en Polonia.
Esta sentencia en particular examinó la labor de la Cámara, compuesta por jueces designados por el presidente Andrzej Duda a propuesta del Consejo Nacional de la Judicatura, designado a su vez por el Parlamento.
Los órganos que regulan la actividad de los jueces rehusaron recomendar a Dolinska-Ficek y Ozimek para los puestos que solicitaban, y sus recursos fueron rechazados igualmente.
La Corte europea condenó al Estado polaco a indemnizar a cada uno de los demandantes con 15 mil euros por concepto de daños y exhortó a Varsovia tomar medidas para evitar que casos similares ocurran en el futuro.
La medida se produjo unos días después de que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, recordara a Polonia y Hungría que los fondos europeos están vinculados al respeto al Estado de derecho por parte de los países miembros del bloque.
También ocurre en medio de un diferendo fronterizo con Belarús, al que la Unión Europea (UE) culpa de la crisis aunque no ha dado el apoyo político ni efectivo como sucedió, por ejemplo, con España durante un diferendo con Marruecos por el mismo tema.
Las autoridades polacas movilizaron más efectivos hacia los límites con Belarús luego que estimaran de tres a cuatro mil los migrantes que esperan al otro lado para cruzar, en su mayoría residentes en Siria, Iraq y Afganistán.
El portavoz comunitario para Migración, Adalbert Jahnz, instó a las autoridades polacas solicitar la ayuda de las agencias europeas de control de fronteras (Frontex) y de Policía (Europol) para reforzar el control fronterizo y asegurar un trato adecuado a los migrantes.
Varias organizaciones polacas denunciaron recientemente que las autoridades deportan automáticamente a los migrantes y hasta los maltratan.
El presidente belaruso, Alexander Lukashenko, consideró que Varsovia usa como pretexto la inmigración ilegal para emplazar a sus efectivos más cerca de las zonas limítrofes, en tanto los guardias fronterizos de ese país denunciaron que Letonia, Lituania y Polonia empujan por la fuerza a los inmigrantes hacia territorio nacional.
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