De acuerdo con los declarantes, muchas de las víctimas fueron asesinadas por un francotirador desde lo alto de un edificio, cuando regresaban a sus hogares al terminar la jornada laboral.
A partir de noviembre de 2020, el gobierno inició una ofensiva contra la organización, otrora gobernante del estado de Tigray, declarada terrorista por el Parlamento y acusada de violar los derechos humanos, entre otros delitos.
Tras un armisticio declarado por las autoridades en junio último, el Frente extendió la guerra a las regiones de Afar y Amhara, donde perpetraron agresiones contra civiles, instituciones públicas y propiedades privadas, según acusasiones oficiales.
Durante la ocupación de Raya Kobo, además de cometer varios asesinatos y enterrar a los muertos en fosas comunes, los insurgentes violaron a numerosas mujeres, incluso embarazadas, a juzgar por las declaraciones de varios pobladores a los medios de comunicación.
Para muchos de ellos, la ilimitada criminalidad del grupo no es nueva, toda vez que en septiembre de este año ultimaron a 600 civiles en ese propio distrito, donde conviven, sobre todo, tres grupos étnicos dedicados a labores agrícolas principalmente.
Otras ciudades de Amhara también sufrieron su violencia. En Woldia, el TPLF (siglas en inglés) destruyó la Universidad y el Hospital Especializado, y en Lalibela vandalizó el aeropuerto y las iglesias excavadas en la roca, declaradas Patrimonio de la Humanidad desde 1978, aseguran denuncias oficiales.
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