Como parte del plan de ajuste de la deuda, un documento de más de 400 páginas, se mantuvieron las pensiones del sector público.
Además, fue aprobado el plan de ajuste de la deuda para el gobierno central puertorriqueño, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el Sistema de Retiro de los empleados públicos.
Tras la decisión de la jueza, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta al gobierno de Puerto Rico, declaró que ahora “comienza un nuevo capítulo en la historia” de esta isla del Caribe bajo la dominación colonial de Estados Unidos.
Según la JSF, Puerto Rico puede comenzar a pasar de la inestabilidad fiscal y la insolvencia a un futuro de oportunidades, ya que el plan de ajuste reduce la deuda en un 80 por ciento y ahorra a Puerto Rico sobre 50 mil millones en pagos del servicio de la deuda.
“La incapacidad de Puerto Rico para pagar su deuda ha obstaculizado la recuperación económica y ha afectado la vida de cada residente y el éxito de cada empresa”, sostuvo el organismo impuesto por Washington.
Según la JSF, que maneja las finanzas del gobierno, el país necesita continuar reformándose para garantizar un futuro próspero para su pueblo y que sea el pueblo quien lo determine.
“La ley Promesa dio lugar a ese futuro y la JSF se enorgullece de poder desempeñar su rol en la reconstrucción de la Isla, para que Puerto Rico pueda volver a brillar”, dijo.
El pasado 23 de noviembre, Taylor Swain había puesto fin al proceso de vistas de argumentación sobre el plan de ajuste de la deuda.
Se trató de la fase concluyente de un proceso que buscaba la reestructuración de 33 mil millones de dólares de deuda constitucional.
El proceso concluye a más de cuatro años de que la Junta de Supervisión Fiscal comenzará con el mecanismo de reestructuración de deuda.
Taylor Swain confirmó el plan de ajuste de la deuda tras un acuerdo entre la JSF y la Legislatura de Puerto Rico, que debía cumplir con la Ley Promesa, lo que permitía reducir la deuda constitucional a siete mil millones de dólares.
Organizaciones políticas y sociales, como el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, el Frente en Defensa de las Pensiones y el Partido Independentista Puertorriqueño, han reclamado en reiteradas ocasiones que la deuda es ilegal y, por tanto, no se debe pagar.
Además, han alertado que con la medida Puerto Rico podría volver a la quiebra tan pronto como en 10 años.
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