Una comunicación de la Oficina del Primer Ministro insta a los prófugos ‘que desempeñaron un papel clave en los crímenes cometidos’ en ese septentrional estado regional ‘a entregarse de manera pacífica’, para evitar así daños materiales y derramamiento de sangre.
Quienes hagan esto, cumplirán con un deber ético y una obligación legal, contribuirán a esclarecer la verdad y a la reparación de las víctimas, se salvarán de un castigo severo y evitarán la miseria de su pueblo, asegura el mensaje.
Sin embargo, advierte Addis Abeba, a todos los dirigentes del Frente ‘que no respondan a este último llamado a comparecer ante la justicia, se les indica de antemano que se tomarán todas las medidas necesarias para hacer cumplir la ley’.
Asimismo, el texto exhorta a los ‘ciudadanos que decidan separarse del grupo destructivo y abstenerse de participar en actividades delictivas a regresar a sus aldeas y hogares’ durante la próxima semana, con la garantía de que no enfrentarán responsabilidad penal.
Las autoridades etíopes acusan al TPLF (siglas en inglés) de violar derechos humanos, pisotear la Constitución, incitar a la violencia étnica, masacrar civiles y otros delitos, antes y después de atacar a la Fuerza de Defensa Nacional en noviembre último.
Incluso, el primer ministro Abiy Ahmed reveló a finales de 2020 que desde abril de 2018 la organización vigiló a funcionarios gubernamentales, incluido él mismo, como parte de una conspiración para secuestrarlos, matarlos y acceder al poder por la fuerza.
Ahmed apuntó que ese partido político estuvo involucrado en al menos 113 incidentes de violencia en el país, pero ‘el ataque al Comando Norte del Ejército obligó a emprender una operación contra la camarilla’.
Luego de ese asalto, el Premio Nobel de la Paz-2019 ordenó el 4 de noviembre una ofensiva militar contra la facción armada y aunque el 28 del propio mes la declaró concluida, varios integrantes de la dirección del TPLF escaparon.
mem/raj
