Según una comunicación oficial, tras analizar la disposición gubernamental, la cámara baja, con 547 escaños, ratificó la anulación al cabo de una votación en la cual 63 miembros votaron en contra y 21 se abstuvieron.
El gabinete resolvió el 26 de enero pasado revocar la medida que debía durar al menos seis meses, debido al mejoramiento de las condiciones de seguridad nacionales, señaló un comunicado emitido entonces por la oficina del primer ministro Abiy Ahmed.
Así, derogó una disposición adoptada el 2 de noviembre de 2021 después de que el insurgente Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) tomó el control de áreas importantes de la parte septentrional del país y amenazó con invadir la capital.
Desde noviembre de 2020 comenzó la guerra entre el ejército federal y el Frente, otrora gobernante en Tigray, declarado terrorista por el Parlamento y acusado de subvertir el orden constitucional, violar los derechos humanos, masacrar civiles y otros muchos delitos.
Tras varios puntos de inflexión en el enfrentamiento, en junio último las autoridades decretaron un armisticio unilateralmente, pero la organización lo rechazó y extendió su criminalidad a Afar y Amhara.
En estas dos regiones, según diferentes informes estatales, atentó contra civiles e instituciones públicas y privadas, provocó el desplazamiento de millones de ciudadanos y hundió a ocho millones 300 mil en situación de inseguridad alimentaria.
Desde noviembre de 2022, cuando Ahmed marchó a la primera línea de combate, el ejército federal arreció su ofensiva y liberó los territorios de esas jurisdicciones ocupadas por el TPLF (siglas en inglés), que marchó hacia Tigray, según reportes oficiales.
Si bien con aisladas escaramuzas, la guerra sigue en curso y, aunque varios organismos internacionales como Naciones Unidas consideran que Etiopía está ahora en mejor situación para resolver el conflicto, un desenlace pacífico parece lejano.
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