Abonará esa suma para evitar un enjuiciamiento penal que retrasaría la remuneración de las víctimas y, además, se someterá a cinco años de supervisión para evitar más siniestros mortales.
Aunque dará esa cifra, se niega a reconocer que es responsable de los incendios de Dixie (2021) y Kincade (2019), los que devastaron seis condados del estado de California.
La compañía todavía se enfrenta a cargos penales por un incendio forestal que se desató en el 2020 en el condado de Shasta, y que mató a cuatro personas. Las familias afectadas no han sido retribuidas completamente aún por el proceso judicial en curso.
El reciente acuerdo civil está diseñado para acelerar los pagos a cientos de personas cuyos hogares fueron destruidos por Dixie y Kincade y así evitar que ocurra lo mismo que con las víctimas de Shasta, que aún no reciben dinero por los perjuicios.
De acuerdo con la cadena de noticias NBC, PG&E ha sido culpada de más de 30 incendios forestales desde 2017, que arrasaron con más de 23 mil hogares y negocios, y mataron a más de 100 personas.
La empresa tendrá que sufragar los costos del supervisor federal, hasta 15 millones de dólares anuales, además de los 55 millones de dólares en otros pagos.
Los fiscales del condado de Sonoma acordaron retirar 33 cargos penales presentados el año pasado contra PG&E por herir “sin proponérselo” a seis bomberos, y por poner en peligro la salud de los residentes del territorio debido al humo y las cenizas del incendio de Kincade.
rgh/age
