Aunque la ayuda alimentaria está ingresando en el estado por diferentes vías, el terrorista TPLF (por sus siglas en inglés) la utiliza para obtener supuesta aceptación en algunos sectores de la población, denunció el jefe de Relaciones Públicas del Partido Democrático, Mulubirhan Haile.
Los informes de que la asistencia no está llegando son completamente falsos. Tenemos información de que los suministros de socorro sí están ingresando en el territorio, pero las personas necesitadas no los reciben por la actividad ilícita del Frente, dijo.
Hay una situación muy difícil en la región. Los ciudadanos están desesperados debido a la criminalidad del grupo y el sufrimiento de los tigriños continuará mientras exista la organización, comentó durante una conferencia de prensa.
Según indicó Haile, “el TPLF entrega alimentos y medicinas a sus militantes o los vende a los comerciantes e incluso han abierto farmacias privadas nuevas, en las cuales despachan los medicamentos que el Gobierno federal y los socios internacionales envían”.
Añadió que el TPLF impide que las familias reciban asistencia, les quitan comida o dinero y las obligan a enviar a sus hijos a la guerra, dijo, y señaló que “hay gran diferencia entre su discurso y sus acciones”.
Los etíopes, añadió, saben de qué es capaz esa organización, pero la comunidad internacional no la conoce o le quita importancia a varias de sus acciones, cuando debiera realizar una valoración del daño que hace a nuestro país y rechazarla.
Son difíciles de escuchar las atrocidades que está cometiendo contra el pueblo, que huye al estado de Amhara, y eso debe detenerse cuanto antes, manifestó.
La diáspora y las élites étnicas de Tigray, expresó, cometen un error histórico apoyándolo, deben detener sus esfuerzos para salvar al grupo y actuar con urgencia para que se desarme.
Tras un ataque del Frente al Ejército Federal en noviembre de 2020, comenzó un enfrentamiento armado entre ambos, extendido a mediados de 2021 de Tigray a las regiones de Afar y Amhara, después de un alto el fuego del gobierno.
Casi un año y medio después, en medio de un segundo armisticio gubernamental, la organización mantiene su beligerancia en el norte de Etiopía, donde intimida a millones de ciudadanos y obstaculiza las gestiones humanitarias, de acuerdo con dispares acusaciones oficiales.
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