Con un comunicado en su página oficial, la IGAD (siglas en inglés de la entidad) exhortó a promover programas para que los ciudadanos tengan oportunidad de buscar instrucción, en lugar de moverse para escapar de enfrentamientos armados.
Según el texto, la educación es “uno de los bienes públicos más afectados por la pandemia” y necesita atención especial, principalmente en los campamentos, cuyos sistemas de salud son deficientes.
Aunque fueron adoptadas medidas, muchos estudiantes no pudieron seguir las sesiones de aprendizaje y surgieron desafíos adicionales para el proceso de transmisión de valores y saberes, acota.
Para la IGAD, “la Covid-19 exacerbó el riesgo de que aumenten las desigualdades en la educación” y “afectó progresos en el incremento de matrículas en las escuelas”.
El cierre de los colegios, universidades e institutos de formación técnica y profesional también perjudicó a los estudiantes protegidos en comunidades de acogida, asegura.
Asimismo, la comunicación reseña un plan para afrontar el impacto de la enfermedad, en el cual está incluido facilitar educación estable, de calidad e inclusiva para todas las poblaciones vulnerables.
Pensemos, señala, “cuánto puede hacer la educación para cambiarles la vida a los refugiados, retornados y desplazados, y, consecuentemente, para modificar las comunidades donde residen e incluso sus países de origen”.
Deberíamos, sugiere, “discutir cómo mitigamos los efectos de la Covid-19 y afrontamos la era posterior a la pandemia, mientras impulsamos la implementación de la Declaración de Djibouti sobre Educación de los Refugiados”.
Tenemos roles y responsabilidades que debemos cumplir. Y sabemos que la educación es tanto un derecho humano fundamental, como medio para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, declara.
Etiopía, Eritrea, Djibouti (sede), Kenya, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Uganda integran el bloque. Juntos ocupan unos 5,2 millones de kilómetros cuadrados y suman más de 261 millones de habitantes.
Aunque no sufren las catastróficas consecuencias por la Covid-19 que pronosticaron muchos especialistas, en los estados de la IGAD fueron diagnosticados hasta ahora alrededor de un millón 90 mil contagiados, incluidos cerca de 23 mil 500 fallecidos.
Esas cifras, conjugadas con sempiternos problemas, más la sequía que asola muchas zonas y hunde en la inseguridad alimentaria a millones de ciudadanos, complican sobremanera el contexto de la región, una de las más pobre del mundo y donde hay aproximadamente 12,3 millones de desplazados, además de unos 4,5 millones de refugiados y solicitantes de asilo.
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