Tratar de entenderlo así es simplificar un fenómeno que tiene profundas raíces en la sociedad colombiana y de cuyo tejido no escapa ningún sector de la misma.
RAÍCES DEL PROBLEMA
“Pero el problema sigue ahí porque el narcotráfico actual -como ya se dijo- es el resultado de un largo proceso histórico de entronización continua y sistemática en la totalidad del orden social capitalista vigente en el país”, sentenció el profesor universitario Jairo Estrada.
La tozudez de la historia más reciente refutó la tesis construida en el contexto de la guerra contrainsurgente acerca de que las FARC-EP se habían convertido en el cartel del narcotráfico más grande del mundo.
Rememoró que, disuelta esa guerrilla, se ha podido comprobar más bien la función de regulación del territorio que esa fuerza insurgente desempañaba, que si hubo algún tipo de relacionamiento lo fue con ocasión y en el contexto de la rebelión armada, y que la producción de cocaína en lugar de disminuir más bien sufrió un incremento sensible.
Esa circunstancia reafirma una vez más la señalada dimensión estructural y la naturaleza histórica del problema, reiteró el también director de Revista Izquierda Rebelde.
Aunque quienes han explorado los inicios del narcotráfico, indican la presencia de algunas expresiones menores en la década de los años 60, sus orígenes más cercanos se encuentran en la segunda mitad de la década de 1970, cuando el país vivió la llamada “bonanza marimbera”, para nombrar así el fenómeno nuevo de generación de recursos provenientes de la masificación de los cultivos de marihuana, explicó
Para ese momento, habían pasado varios años desde la declaración de la “guerra contra las drogas” por parte del gobierno de Richard Nixon.
En contraste con tal anuncio, la política estadounidense sacó rápidamente a Colombia del mercado mundial de la marihuana y fue su propia producción la que empezó a cubrir la colosal demanda interna existente en ese país, detalló.
Fumigaciones de cultivos con el agente químico paraquat en Colombia y permisividad con el cultivo del alucinógeno en el propio territorio, añadió.
En ese interregno fue despuntando con fuerza creciente un negocio que empezaba a florecer en diferentes lugares del planeta, así como en algunos países de Nuestra América, especialmente de la región andina: el negocio de la producción de cocaína, que terminó organizándose como un negocio capitalista transnacional de altísima rentabilidad, aumentada por la condición de ilegalidad que lo atraviesa”.
Ese naciente filón fue como respuesta al aumento espectacular de la demanda por drogas alucinógenas sobre todo en los Estados Unidos, pero también en Europa Occidental, y traficantes colombianos se insertaron rápidamente en él.
La magnitud de la demanda mundial, la “guerra contra las drogas” ya en marcha en otros países andinos, así como la “crisis cafetera”, sellada con el fin del Pacto Cafetero de Londres en 1989, que trajo la ruina de decenas de familias que vivían del cultivo y la recolección del grano, tuvieron como efecto el crecimiento continuo de los cultivos de hoja de coca a lo largo de los años ochenta del siglo pasado, pormenorizó.
Tal tendencia, pese a la “guerra contra las drogas” que se ha adelantado en Colombia durante las últimas décadas, se ha sostenido en su trayectoria general, más allá de las oscilaciones puntuales.
Para las poblaciones rurales, cultivar la coca representaba una opción socioeconómica, en un contexto en el que entrada la década de los noventa se desplegaron a plenitud las políticas neoliberales, las cuales impactaron con especial agudeza en la agricultura y sobre todo en la producción campesina, dijo.
De esa manera surgió el eslabón más débil del proceso de producción-reproducción de cocaína: el conformado por productores rurales pobres que producen la materia prima esencial para la producción de cocaína, subrayó.
Desde el inicio fue claro, que una cosa eran los narcotraficantes que se terminaron organizando en carteles, y otra, la población rural que por necesidad recurrió a cultivar la hoja de coca y a recolectarla para ser vendida en un nuevo mercado que irrumpió en la escena económica, recordó Estrada.
Tales cultivos se asentaron en zonas de colonización campesina surgidas, muchas de ellas, producto del desplazamiento forzado la violencia de los años cincuenta, y también en territorios de los pueblos étnicos.
Son territorios que se han denominado de la “Colombia profunda”, caracterizados por la ausencia de vías de acceso y las carencias absolutas en materia de educación, salud, vivienda y servicios públicos básicos, describió el académico.
Precisamente en estos territorios ha habido una presencia histórica de las fuerzas insurgentes, especialmente de la hoy extinta guerrilla de las FARC-EP, que se constituyó de facto en forma de Estado, asumiendo entre otros -más allá de las estrategias militares- funciones de regulación del territorio, señaló.
Dentro de ellas, de regulación de los cultivos, incluido primero el precio de la hoja de coca para proteger a los productores, y luego -en la medida en que la economía de la coca se fue expandiendo- de la pasta de coca y también la circulación de la cocaína producida.
Surgió así el impuesto guerrillero denominado gramaje y el gravamen a la circulación del producto intermedio, la pasta de coca, y del producto final, la cocaína, indicó.
“En esa economía se encontró una fuente importante para la financiación de la economía de guerra guerrillera; en la medida en que la guerra contrainsurgente se fue intensificando tal fuente fue adquiriendo el peso mayor”, afirmó.
De esa compleja y problemática función de regulación guerrillera, surgió al promediar la década de 1980 en boca del embajador estadounidense Lewis Tambs la expresión “narcoguerrilla” y la tesis sobre los presuntos vínculos de las FARC-EP con el narcotráfico, explicó.
Casi dos décadas después, durante el primer gobierno de Uribe Vélez se acuñó el término de narcoterrorismo, manifestó.
Acerca de otros grupos, expuso que es otra la trayectoria de las organizaciones narcotraficantes surgidas en los años ochenta del pasado siglo.
En más de cuarenta años, Colombia ha vivido auges y declives de esas organizaciones que persisten en la actualidad con mayores niveles de atomización y de inserción en el negocio corporativo transnacional del narcotráfico.
De ellas se puede afirmar que en lo esencial produjeron, por una parte, una facción emergente de las clases dominantes en el país con trayectorias diferenciadas, logrando articularse con sectores de las facciones predominantes ya existentes en la medida en que junto con la acumulación ilegal de capital se configuraron “zonas grises” del “lavado de activos” y de las fusiones de facto de capitales legales e ilegales.
Por otra parte, señaló, el creciente poder económico de tales organizaciones y de las facciones de clase surgidas de ellas se acompañó del aumento de su poder político.
“Desde la campaña electoral de 1978 hasta el presente no ha habido proceso comicial alguno que no haya contado con financiaciones provenientes del narcotráfico”, aseguró.
La influencia en diferentes momentos de la historia de las últimas décadas de las organizaciones narcotraficantes en el poder ejecutivo y en el poder legislativo es identificable, aseveró el profesor universitario.
“Su poder logró permear el aparato de justicia, los organismos de control; las fuerzas militares y de policía, así como los organismos de inteligencia del Estado”, remarcó.
En suma, su poder logró conformar estructuras complejas entronizadas en el conjunto de la organización social y del Estado. Entre tanto hay suficiente investigación académica y judicial, así como sentencias judiciales que le dan sustento a esta afirmación, acotó.
IMPACTOS CULTURALES DEL NARCOTRÁFICO
Sin duda se puede hablar de una “cultura narcotraficante” o “traqueta” según la expresión popular, capitalista en todo caso por lo que ella esencialmente encierra, en términos de la obtención de riqueza, del hedonismo extremo y el consumo extravagante, recalcó Estrada.
Además, la forma mafiosa de regulación de los conflictos, de los patrones de belleza plástica, de la música, que genera simpatías en sectores de la población por la posibilidad que representa para el rápido ascenso social en una sociedad de las más desiguales de Nuestra América, adicionó.
A esas dimensiones se le agrega una de mayor significado en cuanto a la estabilización y normalización violenta del régimen de dominación de clase que impera en Colombia.
En efecto, más allá de situaciones puntuales y de hechos específicos, si se mira la trayectoria de las organizaciones narcotraficantes, es indiscutible que ellas han hecho parte de un entramado contrainsurgente para enfrentar el “enemigo subversivo” en sus diversas manifestaciones, legales e ilegales, ilustró.
“En la raíz del surgimiento de ejércitos mercenarios, se encuentra una compleja fusión de intereses empresariales, latifundistas, narcotraficantes, económicos y políticos, que optaron por promover y financiar la creación de “brazos armados” que, junto con las fuerzas del Estado, se unificaron en torno a propósitos antisubversivos”, expuso.
Esas estructuras siguieron la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno promovida y cofinanciada en Colombia por los Estados Unidos, refirió.
“Narcotráfico, paramilitarismo, fuerzas estatales, políticos profesionales e incluso sectores de los gremios económicos conformaron un entramado, que sin necesariamente y siempre responder a una organización centralizada y de mando único, es expresiva de intereses convergentes en torno al señalado propósito común”, apuntó.
Además de la función de preservación brutal del orden existente, su función de acumulación por desposesión violenta ha sido incontrovertible. De ello hablan los más de 9 millones de desplazados que hasta ahora ha dejado la guerra en Colombia y el despojo de tierras en cifra que supera los 8 millones de hectáreas.
“De ello hablan los más de nueve millones de desplazados que hasta ahora ha dejado la guerra en Colombia y el despojo de tierras en cifra que supera los ocho millones de hectáreas”, mencionó en entrevista con Prensa Latina.
Recalcó que el Acuerdo de paz de 2016 trazó un camino para adelantar un proceso de superación del problema de las drogas ilícitas en Colombia.
En tal sentido, dijo “reavivar y retomar el acuerdo en ese campo, constituye una condición sine qua non para pensar un proceso democratizador de la sociedad colombiana y de superación en perspectiva del orden social vigente. Ello solo es posible si se cuenta con condiciones políticas favorables a ese propósito”, expresó.
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