Según la portavoz presidencial, Kang Min-seok, el mandatario recomendó buscar formas de remitir la decisión de Japón al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, incluida la presentación de una orden judicial.
Japón pretende liberar en dos años más de un millón de toneladas de agua contaminada al mar desde la planta paralizada por un terremoto y tsunami en 2011, después de filtrarla para eliminar isótopos dañinos. El plan provocó la oposición inmediata de los países vecinos, y Surcorea convocó a Koichi Aiboshi, embajador de Tokio en Seúl, para una reunión de emergencia.
El Ministerio surcoreano de Relaciones Exteriores emitió un comunicado diciendo que había planteado preocupaciones similares a Washington, después de que el Departamento de Estado norteamericano dijera que la decisión de Japón era ‘transparente’ y estaba en línea con los estándares de seguridad globales.
Una serie de protestas contra la medida de políticos, funcionarios locales, pescadores y activistas ambientales tuvo lugar en Surcorea este miércoles, incluso frente a la embajada de Japón en Seúl y los consulados en la ciudad portuaria de Busan y en la isla de Jeju.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China advirtió hoy que la decisión de Japón sentará un precedente para la eliminación de aguas residuales.
El océano no es el cubo de basura de Japón, el océano Pacífico no son las alcantarillas de Japón, expresó en Beijing el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian.
Japón espera que para 2022 todos los tanques de almacenamiento en la planta de Fukushima estén llenos y planea comenzar a descargar el agua radiactiva en el mar en 2023, en lo que se espera sea un proceso de décadas.
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