La solicitud de la Casa Blanca se produce luego de decisiones contradictorias de tribunales federales basadas en una norma emitida en septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Esa directriz suspendió las deportaciones, a menos que los inmigrantes cometieran actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces” a la seguridad pública, sin embargo, un juez federal en Texas ordenó retomar la expulsión de indocumentados y eso generó el litigio legal.
De acuerdo con la administración, la orden del magistrado de Texas impide al gobierno enfocar sus recursos en aquellos que sí representan una amenaza para la seguridad nacional, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en el documento presentado ante la Corte Suprema.
Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió esta semana una orden ejecutiva que autoriza a las fuerzas estatales a detener a los migrantes y devolverlos a la frontera entre Estados Unidos y México.
Al respecto, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aclaró este viernes que “la aplicación de la ley de inmigración” es facultad de la autoridad federal, y por lo tanto, “los estados no deberían exigirla ni entrometerse en ella”.
La crisis migratoria es uno de los dilemas que enfrenta Biden, quien durante su campaña prometió un trato más humano a quienes llegan a su país y en la práctica mantiene las expulsiones selectivas mientras aumenta el número de cruces fronterizos.
El gobierno norteramericano anunció la víspera medidas disciplinarias para los agentes fronterizos que persiguieron a caballo el año pasado a migrantes haitianos, aunque sus conclusiones no confirman golpes con látigos como mostraron los videos divulgados en redes.
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