Al citar el Instituto de Seguridad Pública, el periódico Correio Brazilienze asegura que el guarismo, aunque muy elevado, resulta inferior al total de pérdidas de vida de los dos años precedentes. En 2019, fueron mil 814 y en el calendario anterior mil 534.
Tras señalar que ‘las muertes por intervención de agentes del Estado alcanzaron el nivel más bajo de los últimos tres años’, el instituto destaca la decisión del Supremo Tribunal Federal que prohibió las operaciones policiales en Río durante la pandemia de Covid-19, salvo en ‘hipótesis absolutamente excepcionales’.
El número de fallecidos en operaciones policiales volvió a estar en el punto de mira después que 29 personas, entre ellas un policía civil, resultaron eliminadas el jueves en la comunidad de Jacarezinho, en la Zona Norte de Río.
La Orden de los Abogados de Brasil calificó la acción policial de más letal en la historia de la turística división territorial del país.
Además de los muertos, también hubo heridos. Incluso dos pasajeros del ferrocarril subterráneo fueron alcanzados -uno por balas perdidas y el otro por fragmentos de vidrio-, pero sobrevivieron.
La Policía Civil justificó la ofensiva armada al indicar que recibió información de que los narcotraficantes locales reclutaban niños y adolescentes para actividades delictivas.
En un comunicado, la institución del orden defendió la necesidad de realizar operaciones en las favelas.
‘La acción se basó en información de inteligencia concreta y en la investigación. En ese momento, los delincuentes reaccionaron con fuerza. No solo para escapar, sino con el objetivo de matar’, argumentó la policía.
Ante los hechos, miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, quienes estuvieron en Jacarezinho tras la matanza, relataron que las escenas del crimen fueron destrozadas antes que los forenses pudieran realizar pruebas en esos lugares.
‘El primer impacto inicial fue la cantidad de sangre en las calles’ de la favela, afirmó la defensora pública Maria Júlia Miranda luego de la visita.
Describió las habitaciones de las casas cubiertas de sangre, incluido el dormitorio de un niño, y a las madres buscando a sus hijos por las calles.
La Fiscalía de Río comunicó que investigará las denuncias de abusos y posibles ejecuciones perpetradas durante el enfrentamiento.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió una investigación imparcial y exhaustiva de la operación policial en Jacarezinho.
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