El monto es equivalente al cuádruple de la pensión no contributiva nacional y será ajustado cada año dependiendo de la fluctuación de esta, añade el texto.
A la vida humana no se le puede poner un precio. El mínimo deber del Estado es, en estas circunstancias, ayudar y apoyar con modestia y respeto a los familiares de las víctimas, sentencia el comunicado.
La medida se dio a conocer tras acusaciones desde la oposición que cuestionan el accionar del Ejecutivo por eludir su responsabilidad y ocultar la verdad.
Esas palabras fueron pronunciadas por Alexis Tsipras, líder de Syrisa, quien cuestionó la actuación del Ejecutivo tras el accidente pese a que el primer ministro Kyriakos Mitsotakis prometió “transparencia absoluta” en la investigación y asumió la responsabilidad del hecho, el peor ocurrido en el país.
El jefe de Gobierno dijo además que los ejecutivos precedentes tampoco modernizaron los sistemas de seguridad de los ferrocarriles y solicitó a la Corte Suprema de Justicia máxima prioridad a los procesos penales relacionados con el siniestro.
Pero miles de manifestantes congregados días atrás frente a la Asamblea Nacional (Parlamento) lanzaron cocteles molotov y exigieron responsabilidades al Ejecutivo.
El jefe de la estación ferroviaria de Lárisa (centro-este), señalado como responsable de la catástrofe, fue detenido el miércoles pasado y será acusado de homicidio culposo y lesiones corporales, después de que las autoridades atribuyeran el suceso a un error humano.
Por su parte, el ministro de Transporte presentó su renuncia horas después del accidente en medio de una pesquisa en curso que analizará retrasos en la ejecución de los trabajos de mantenimiento, debido a deficiencias crónicas del sector público y décadas de fracasos, según fuentes policiales.
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